La mujer obligada a dar a luz en un hospital de Oviedo necesitó una cesárea

El personal sanitario, aun con la amenaza de que la mujer sufriese una hipoxia o una muerte fetal intrauterina -tal y como avanzó el martes el jefe de servicio de Obstetricia del HUCA-, trató de evitar la inducción del parto en todo momento, pero se vio obligado a realizar la cirugía porque la paciente tenía problemas para dilatar.

El desenlace, tras casi tres intensos días de contracciones a los que hubo que sumar una visita policial al domicilio de la familia, no sirvió para poner punto final al intenso debate abierto entre defensores y detractores del parto domiciliario. Para estos últimos, se demostró que el ingreso forzoso era totalmente necesario dadas las características del embarazo, que sobrepasaba los nueve meses y medio . Y para los primeros, el estrés sufrido fue el causante último de la falta de progreso del parto. Esta fue, de hecho, la posición que defendió Francisca Fernández Guillén , la abogada de la madre. «El problema no es la cesárea, sino que la mujer ha sufrido una situación forzada. Estaba evolucionaba muy bien, pero el estrés vivido no ayudó en absoluto a su estado», incidió Fernández Guillén.

«Creo que la cesárea se hizo por un motivo médico válido, pero se podría haber hecho de otra manera. Si no existiese tensión ni estrés y se hubiese proporcionado un acompañamiento debido...pero no se le ha dado esa oportunidad», planteó la abogada. «El parto no funciona de la misma forma si te está observando todo el país», apostilló.

La letrada también aprovechó para advertir de la «necesidad» de poner el foco sobre el debate que se abrió anteayer. Una «situación sin precedentes, que puede servir para que se inicie una reflexión bioética», planteó. «El paciente tiene derecho a equivocarse sobre su salud. Para una mujer puede ser beneficioso parir con epidural y para otra, hacerlo en la intimidad acompañada de su pareja soportando el dolor », defendió. «Había riesgo, pero lo hay en todo en la vida. El parto es un proceso fisiológico, pero si lo medicalizamos al extremo, lo reducimos al absurdo».

La abogada lamentó además que nadie cuestione y dé importancia a la alta tasa de cesáreas y del uso de fórceps que presenta este centro hospitalario en relación con otros de la región. «Se ha puesto el foco en la mujer y se podría haber hecho más hincapié en el hospital; no creo que el problema sea de las mujeres», dijo Fernández.

Así, criticó que si permitimos que los médicos decidan siempre conforme a criterios clínicos sobre nuestra salud estaremos perdiendo nuestra libertad sanitaria, no sólo en el caso de las mujeres. En la misma línea se manifestó Elena Fernández , representante de la asociación «El parto es nuestro»: «El hospital es un entorno hostil . Pares en casa tomando seguridades, con dos matronas profesionales y útiles médicos. El sistema sanitario es un servicio, no una imposición», defiende.

La paciente, obligada judicialmente a dar a luz en el hospital, no descarta emprender acciones legales. Ayer su abogada indicó que se estudiarán todas las posibilidades cuando madre e hija se recuperen.

No existe ninguna ley que obligue a dar a luz en un centro sanitario. Y su abogada podría argumentar que no había una urgencia para vulnerar sus derechos reproductivos.

El debate sobre si se debe obligar a una mujer a dar a luz en un hospital llegó también a la política. La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada , criticó a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, por defender la decisión judicial. Carcedo había alertado de que « algunas modas suponen un retroceso respecto a avances médicos importantes », como es el caso de los movimientos antivacunas o los partos en el domicilio y recordó que el parto es un momento «muy crítico tanto en la vida de la madre como en el caso del recién nacido».

En opinión de la vicealcaldesa, «apuntar que las mujeres que deciden parir en casa son inmorales o tontas es una barbaridad» y recordó que «el parto en casa con matrona es un derecho y una práctica extendida en muchos países de Europa , que defienden diferentes organismos internacionales».

También el diputado de Podemos, Andrés Fernández Vilanova , cargó contra las declaraciones de la ministra de Sanidad, que también es médico. «El uso de la fuerza judicial es un fracaso siempre, más cuando todavía queda mucho por protocolizar y mucha evidencia científica por discutir», dijo Vilanova.

En opinión de los expertos, evitar « riesgos innecesarios » debería ser una obligación del paciente y una máxima del propio sistema sanitario. Así lo expresó a este diario, entre otros, el presidente de la Asociación de Ginecología del Principado, Manuel Hernández Bermudo, al afirmar que el parto en casa, pese a estar contemplado y existir protocolos «supone retrasar siglos en la seguridad maternal y fetal». De hecho, la mortalidad neonatal se triplica en los partos domiciliarios.