Al menos 18.000 españolas, víctimas del mayor fraude sanitario del mundo por las prótesis mamarias PIP

Cándida Tabúas, de 65 años, es una de las afectadas y narra su trágica experiencia con las PIP: «Dos años después de operarme comencé a sentir un dolor muy fuerte en el seno izquierdo. En la resonancia magnética se veían las dos prótesis totalmente rotas con el gel diseminado por todo el cuerpo ». La gallega de Puenteareas confiesa que por temas económicos tuvo que esperar cuatro años para poder quitarse las prótesis. «Es vivir con una zozobra de no saber qué te puede suceder en el futuro», dice al tiempo que explica que a todas las afectadas les quedan secuelas de por vida, en su caso, el dolor perenne que le impide dormir o recostarse de ese lado.

Se calcula que se fabricaron un millón de implantes entre 2001 y 2010. Teniendo en cuenta las existencias no vendidas, el número de mujeres afectadas se sitúa en 400.000, de ellas 18.000 son españolas , según la información que publica PIPA (PIP Implant World Victims Association), la plataforma que recoge a la mayor cantidad de afectadas en el mundo.

«Lo pasé muy mal, perdí mi trabajo y acabé divorciándome... siempre se enfocó como un problema de estética y no de salud pública», asegura Eva Gimenez, una de las pioneras en denunciar el caso de las PIP en España. «Nos metieron veneno y nos juzgaban por habernos operado. Es igual de lícito que ponerse una prótesis de rodilla. Lo hacemos para vernos mejor y sentirnos bien», explica esta valenciana que pasó por cuatro cirugías mamarias y todavía sigue teniendo restos de silicona en su cuerpo, pérdida de cabello, debilidad y dolores articulares.

A comienzos del 2010, la Agencia francesa del Medicamento AFSSAPS (ahora ANSM) lanzó una alerta sanitaria y prohibió la venta y el uso de estas prótesis precargadas al percatarse que la empresa utilizó «un gel industrial mucho más barato, que normalmente se usa para el revestimiento de cables eléctricos». Inmediatamente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), informada del escándalo de las PIP en Francia, pidió a los centros y profesionales sanitarios a nivel nacional que cesaran la implantación por el posible aumento de casos de rotura e inflamaciones locales asociados al uso de estos implantes.

«La AEMPS creó un protocolo de actuación que no tuvo una aplicación práctica. Esto era un tema de salud pública , pero como el 95% de las mujeres se había operado en la clínica privada las enviaron de vuelta con su cirujano», explica Francisco Boronat, director de Bureau Partagas abogados, que representa desde 2012 a la Asociación Nacional de Afectadas por Prótesis PIP en España (ANAP). «Lo máximo que llegó a hacer la Seguridad Social fue retirar las prótesis cuando tenía pacientes con patologías de mama, no ofreciendo una nueva implantación y, en numerosas ocasiones, limitando su actuación a la mera explantación», asegura Boronat que lleva junto al despacho Gaudon & Associés la demanda de más de 700 víctimas españolas, menos de un 5% del total de afectadas.

«Yo creo que hay muchas mujeres que todavía tienen miedo a demandar porque no quieren ser señaladas. Se frivolizó mucho con este tema y no querrán volver a pasar por lo mismo», comenta Gimenez.

Colombia, Reino Unido y Venezuela es donde más se concentra el número de mujeres afectadas con 60.000, 50.000 y 40.000 casos, respectivamente. Seguido viene Francia (30.000), España (18.000) Brasil (12.000), Italia (10.000), Argentina (12.000), México (10.000), Australia (6.000), Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia (5.000), Irlanda (3.000) y Alemania (3.000).

Tan solo un 10% de las 400.000 afectadas forma parte de la demanda colectiva de salud más grande del mundo. Tras más de una década en un proceso penal complicado, el pasado 20 de mayo, el Tribunal de Apelación de París confirmó la responsabilidad del certificador 'TÜV Rheinland' en el caso de los implantes PIP. Esta decisión abre definitivamente el camino a la compensación total de las víctimas con indemnizaciones que van desde los 17.000 hasta los 70.000 euros.

Al procedimiento en Francia se siguen sumando nuevas afectadas, por lo que el Tribunal permite ir agregando nuevos expedientes en otras convocatorias. La demanda TÜV1 recoge unas 13.000 afectadas, TÜV2 y 3, 15.000, TÜV4, 15.000 y TÜV5 cerró el pasado viernes. Se abre ahora la siguiente convocatoria para el TÜV6.

Aunque Cándida pudo retirarse las prótesis que estaban totalmente destruidas, no sabe si en un futuro el gel de silicona industrial, que se esparció por todo su cuerpo, le causará otro tipo de enfermedades o padecimientos. Actualmente, se estima que más del 50% de las mujeres afectadas todavía llevan los implantes PIP. La mayoría de ellas no puede pagar los costos de la cirugía para su extracción.

Iris Álvarez se sometió a la cirugía en 2008 y cuenta su historia: «Empecé a sentir picazón, ardor, me las notaba rojas y sentía que el brazo izquierdo perdía fuerza». La mujer resalta que dentro del grupo de más de 5.000 venezolanas, que han demandado a la firma francesa, hay varias que han fallecido durante estos años tras desarrollar un cáncer u otras enfermedades.

La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (Anauco), presidida por Roberto León Parilli , lleva diez años batallando en los Tribunales franceses junto a la Asociación PIPA World . Ahora han sellado una alianza con la firma de abogados Cohen y Aguirre para ayudar a la mayor cantidad de afectadas españolas a entrar en la demanda. León recuerda que es totalmente gratuito y que se hace de manera digital, sin necesidad de viajar a Francia.

Aproximadamente 50.000 mujeres ya forman parte de la demanda más grande de salud del mundo. Los esfuerzos de los abogados y las asociaciones, que llevan estos casos, se centran ahora en conseguir a más afectadas para sumarlas a la demanda y que puedan ser indemnizadas por los daños y perjuicios.

El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, que lleva más de una década abocado a este proceso judicial, dice a ABC que los únicos requisitos que necesitan las demandantes son: la tarjeta de certificación de la colocación de las prótesis PIP, que indica el serial y el lote de sus prótesis , que en caso de no tenerlo se puede sustituir por un informe elaborado por el médico que las colocó o, en su defecto, el que las extrajo y el DNI en vigencia. «Con esos dos documentos, el trámite se hace de manera digital. No hay que viajar a Francia», afirma el abogado.

«Con un sentencia emblemática y contudente logramos la responsabilidad definitiva de la Certificadora TÜV. La indenmización preliminar es de 3.000 euros y la complementaria tiene que pasar por un perito que asignará una cuantía que asciede hasta los 70.000 euros», señala. Este perito evaluará de manera individual el caso de cada una de las afectadas. «Urge este proceso porque hay muchas mujeres que todavía tienen las prótesis puestas y con ese dinero podrán retirárselas», concluye León.