Menores tutelados en Baleares: Los ojos que no querían ver

¿De dónde sacaban los menores todos esos bienes? ¿Por qué nadie se lo preguntó? ¿Cómo es posible que no saltaran las alarmas? Pudo ser, claro, la incompetencia de responsables y educadores de los centros , o la empatía mal entendida que siempre provocan los más desvalidos, o incluso la codicia de alguno –casos muy puntuales– que se aprovechaba de la situación. El diagnóstico es igual de brutal para los responsables de la asistencia a este tipo menores: falta de diligencia o una actuación negligente, porque en esta historia macabra apenas hay lugar para los grises. La saturación de los centros públicos y concertados tampoco se puede dejar de lado.

Según han reconocido los actuales gobernantes del Consell de Mallorca y del Ejecutivo regional, los primeros casos de explotación sexual infantil en Mallorca se habrían detectado en torno a 2010. Cinco años más tarde, los técnicos del Consell de la isla alertaron en sus informes de un incremento en los casos de explotación sexual infantil de menores tutelados. A raíz de esa advertencia, se creó en 2016 una comisión específica conformada por el Govern, el Consell de Mallorca, la Policía, la Guardia Civil y la Fiscalía para responder al problema. Finalmente, en 2017 se puso en marcha un protocolo concreto para intentar detectar esos casos.

¿Suficiente? A la vista está que ni mucho menos . Ni se pusieron los medios adecuados, ni trascendió casi nada, ni se hizo una evaluación y seguimiento. La prostitución de menores tutelados por la administración balear seguía siendo un secreto a voces. Sólo ahora, con un escándalo imparable tras reconocer el presidente del Imas, Javier de Juan, que se conocían 16 casos se ha empezado a actuar. Hay investigaciones conjuntas de Fiscalía, Policía Nacional y Guardia Civil, y ahora sí, las denuncias se amontonan.

Son de dos tipos: posibles casos ESI (explotación sexual infantil) y ASI (abuso sexual infantil). Cuando hay una sospecha de que se ha producido alguno de ellos interviene la unidad de valoración de abuso sexual del Imas y con ella Guardia Civil o Policía, o ambas. De hecho, en este momento, los dos Cuerpos comparten varias investigaciones sobre menores supuestamente explotados.

«No se puede descartar que exista una trama. Se está en plenas pesquisas», señalan las fuentes consultadas por ABC, pese a que los responsables políticos se hayan apresurado a desechar esa posibilidad. «No estamos ante trata de seres humanos», explican, pero reconocen la dificultad de probarlo si no hay una evidencia de pagos. Estas fuentes aseguran que en algunos casos ya se han podido demostrar los abusos sexuales que han sufrido algunas menores.

La plaza de Ses Estasions o la conocida como «plaza Wifi» de la capital balear han sido puntos de concentración de los menores tutelados y los servicios de alguno de los bares de la zona, hostales y algún piso el lugar de los encuentros sexuales bien con adultos o entre ellos... El trasiego se conocía, pero en todos estos años apenas se presentaron 16 denuncias ante la Policía. En los centros, mientras, se dejaba hacer y no se formulaban demasiadas preguntas incómodas que pudieran hacer saltar la aparente tranquilidad en mil pedazos.

Los políticos tampoco han hecho nada hasta ahora por conocer qué estaba sucediendo; las poltronas acomodan, y más vale un silencio espeso que destapar unas alcantarillas que, se quiera o no, siempre huelen. Los que conocen la realidad porque trabajan en la calle coinciden en que sucedía antes y sucede ahora; la diferencia está sólo en que esta vez es a la izquierda, a las izquierdas de Baleares, a las que le ha estallado el escándalo en las manos, y lo acusan. Mucho más si el asunto llega a Madrid y le afecta de lleno a Podemos, que en el Gobierno ocupa las carteras directamente responsables de la protección a la infancia.

Fuentes de la máxima solvencia consultadas por ABC hacen un diagnóstico desapasionado, pero demoledor: «No se trata solo de prostitución; un buen número de menores tutelados por la administración balear también está implicado en robos a pequeña escala y tiene su propio receptador, en tráfico de drogas al menudeo, en falsificación de documentos… Por supuesto, hay quien se beneficia de esas actividades delictivas al margen de ellos, incluso algún educador».

La prostitución de menores es, por tanto, solo una parte del problema. Lo habitual es que sean las propias compañeras de las chicas tuteladas las que las introduzcan en este tipo de prácticas. Las recién llegadas, sin referentes, se arriman a quienes primero se ocupan de ellas y acaban siendo convencidas por las veteranas de las bondades de la actividad... Una vez introducidas en ese siniestro mundo las víctimas ejercen a su vez el «apostolado» con las novatas, en una cadena tan repugnante como difícil de romper sin una intervención externa.

Un caso paradigmático fue el de la violación múltiple de una menor en un piso de la barriada de Camp Redó en plena Nochebuena, al que fue llevada por una «amiga», igualmente menor y tutelada, a la que había conocido este tiempo. Este suceso fue el que abrió la espita.

Por supuesto, el modelo se reproduce en el caso de los chicos, y como se ha dicho no siempre las relaciones sexuales las mantienen con adultos. En ocasiones, los mayores, con mucha más experiencia, ofrecen a los más pequeños pagos en dinero o en especie –ropa, móviles, zapatillas...– a cambio de plegarse a sus deseos.

En cuanto a los pequeños robos cometidos por estos chicos se trata de una constante también mantenida a lo largo de los años, aunque hace algunos meses hubo un aumento espectacular de este tipo de delincuencia que tuvo que tener una respuesta específica por parte de la Policía. Las investigaciones realizadas permitieron detectar incluso que había algún receptador que es el que da salida a la mercancía. Los implicados no están conectados con las actividades de prostitución.

También el tráfico de droga al menudeo está entre las actividades en las que incurren algunos de los menores tutelados , si bien no como parte de organizaciones, sino en muchas ocasiones para procurarse también su dosis. A esta actividad se dedica un número reducido de chicos, y de forma ocasional.

Una de las grandes incógnitas ahora es si la situación que se vivía en Baleares no se está produciendo, aunque sea a menor escala, en otras comunidades. El debate de fondo es qué debe hacer la administración para que los menores que tutela no sean víctimas de estas prácticas. Hay quien propone modificar las leyes para que se pueda garantizar mejor sus derechos, y también para exigirles que cumplan con sus obligaciones. Lo que parece evidente es que ha llegado el momento de tomar decisiones.