Médicos advierten del riesgo de despenalizar la eutanasia en España

Entre los asistentes estaban el político del PP y abogado, Adolfo Suárez Illana, la ex defensora del Pueblo Soledad Becerril, María San Gil o el ex ministro del PP y presidente de la Federación Europea One of Us Jaime Mayor Oreja.

El debate llega en un momento crucial. Si siguen adelante los planes del actual Gobierno en funciones la eutanasia se despenalizará en España y se convertirá en un derecho que brindará la Sanidad pública. La propuesta del PSOE supone incluir en la cartera básica de prestaciones del sistema sanitario la opción de recibir el tratamiento adecuado para poner fin a la vida en aquellos casos en los que el paciente se enfrente a una enfermedad incurable, que provoque padecimientos físicos o psíquicos intolerables. Todo ello con financiación pública y la promesa de resolver los casos en menos de 32 días .

Pero mientras se pone la cuenta atrás para la despenalización, cada año fallecen en España 228.000 personas que hubieran necesitado cuidados paliativos y de ellos, 1.370 son niños, recordó Carlos Centeno, del departamento de Medicina Paliativa de la Clínica Universitaria de Navarra.

Centeno está convencido de que la única respuesta posible para el enfermo que sufre deben ser los cuidados paliativos. « Esta medicina avanzada, una buena medicina, es la solución al problema . Y lo es, no solo para los pacientes terminales que están en la última etapa sino también para los enfermos crónicos que necesitan mejorar su calidad de vida», expuso en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña.

España se ha quedado en el «pelotón de cola» en Europa de esta medicina que alivia el sufrimiento, asegura este especialista. Ni tiene suficientes medios, ni tampoco una legislación que lo regule a nivel estatal. En su opinión, «no tiene sentido plantear una ley de eutanasia sin que se garantice el acceso universal a los cuidados paliativos».

El planteamiento no es ni siquiera progresista. Centeno recordó cómo el Partido Comunista logró con sus votos paralizar una ley de eutanasia en Portugal con el mismo argumento que defienden los profesionales en cuidados paliativos de todo el mundo: un enfermo no puede decidir en libertad sobre su vida si no se alivia su sufrimiento.

El reciente caso de Noa Pothoven, a la que se decidió dejar morir «con la total indiferencia de la sociedad holandesa», tal y como recordó el moderador, estuvo presente durante todo el debate. «Nuestros responsables políticos deben fijarse en lo que está ocurriendo en países donde la eutanasia lleva años siendo una práctica legal antes de proponer una legislación similar en España», propuso Álvaro Gándara , coordinador de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. En Holanda y Bélgica los casos de eutanasia se han triplicado y los requisitos para practicarla se han relajado, denunció. «No hay límites cuando se despenaliza. La pendiente deslizante está ahí; se abre una puerta difícil de controlar», advierte Gándara.

Otro riesgo de la legalización de la eutanasia es la pérdida de confianza en los profesionales sanitarios, señaló. «En Holanda hay ancianos que optan por irse a vivir a una residencia en Francia o Alemania porque no confían en que su médico les cuide en lugar de poner fin a sus vidas».

El especialista de la Fundación Jiménez Díaz también pidió no hacer caso a las encuestas del CIS en las que se asegura que el 80 por ciento de la población española está a favor de despenalizar el suicidio asistido. «Si a usted le preguntan si estaría a favor de tener una muerte digna, ¿se atrevería a decir que no? Todos firmaríamos a favor, pero eso no quiere decir que se apoya la eutanasia», insistió. Gándara está convencido de que la única muerte digna es la que pueden procurar los cuidados paliativos. Y cree que provocar la muerte de los enfermos terminales «solo es un buen negocio para el Estado». «La eutanasia es más barata y efectiva que procurar recursos a los cuidados paliativos y a los enfermos», ironizó.

Con una imagen impactante de un cementerio, Javier Rocafort empezó su turno de debate. «Vamos a morir todos», dijo para reforzar la fotografía que mostraba para recordar que la eutanasia no es algo que se le ofrecerá a un tercero, sino a cualquiera.

A Rocafort le preocupa cómo la legislacion planteada por el Gobierno socialista deja de lado a un 5 por ciento de la población española. A esas personas con una discapacidad grave, crónica e incurable a la que se dirige la ley de eutanasia como posible diana. «Están aceptando que hay un porcentaje de la población cuya vida no merece ser protegida como la de los demás», dijo. Quizá, por ello, la sociedad se escandaliza por la muerte de una joven de 17 años pero entiende el suicidio asistido de una enferma con esclerosis múltiple como el de María José Carrasco, cuyo marido le ayudó a morir.