Más de dos millones de alumnos tendrán que cambiar de colegio con la «ley Celaá»

Pero los hechos van en dirección contraria. Este proyecto, aprobado en solitario por el PSOE en 2018, no hizo más que recrudecer los ataques al sector en su camino por la Cámara Baja. En este periodo se fueron aprobando enmiendas (modificaciones) sobre todo de Podemos (que las presentó junto al PSOE) y del resto de la izquierda, como Más País. Una de las más polémicas y que deja claro que la concertada va camino a su desaparición, en el plazo de « cinco a diez años », calculan desde la Plataforma Más Plurales que agrupa al sector es la que elimina la referencia de la concertada como garantista nada menos que del derecho a la educación, lo que deja el papel de la concertada en la nada.

La enmienda modifica uno de los artículo más delicados para la concertada, el 109, que dice ahora que «en la programación de la oferta de plazas, las administraciones educativas armonizarán las exigencias derivadas de la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación, mediante una oferta suficiente de plazas públicas». El añadido: « mediante una oferta suficiente de plazas públicas » de Más País va contra la propia Carta Magma, que en su artículo 27 alude al derecho a la educación a secas, es decir, garantizado tanto por la pública como por la concertada.

La «ley Celaá» ya había eliminado, además, en su texto inicial la alusión a la «demanda social» de dicho artículo 109. Es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Esta enmienda recoge un nuevo apartado, obra de PSOE y Podemos, que dice que «las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública ».

Pero lo que preocupa más a la concertada no es el aumento de plazas públicas en general sino sobre todo en la etapa 0-3 años, que es donde el Gobierno de coalición ha incidido siempre. ¿Por qué? Porque eso llevaría a la creación de plazas en una etapa en la que los niños, una vez dentro de la red, difícilmente cambien de colegio. Los Presupuestos de este año dan a las plazas en esta etapa nada menos que 200.790.000 euros. Otra enmienda que aboca a la concertada a la desaparición es la que modifica el artículo 86, sobre «Igualdad en la aplicación de las normas de admisión». PSOE y Podemos promueven la creación de « comisiones u órganos de garantías de admisión » que controlarán quién se escolariza y dónde.

El Gobierno de coalición lo dice claro: «La gestión centralizada garantiza una escolarización más justa y controlada». Pese a que la palabra «control» no necesita traducción, el objetivo, dicen, es «supervisar el proceso de admisión del alumnado» para evitar «la segregación por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza». Así, la administración tendrá vía libre para decidir dónde tiene que ir el niño para evitar, por ejemplo, que aquel que pertence a una zona desfavorecida vaya a un colegio de su misma área, o que un niño de una zona favorecida vaya un centro «de ricos». ¿Y la decisión de los padres?

En la misma línea, PSOE y Podemos modifican el artículo 87 sobre «Equilibrio en la admisión de alumnos» para señalar que, otra vez, las administraciones educativas «autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía , bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna». Esta modificación también busca luchar «contra la segregación» teniendo en cuanto que el alumnado de incorporación tardía son los inmigrantes . Además, la reserva de plazas en manos de la administración puede implicar una limitación de la oferta de los centros y hacer más difícil la libre elección de las familias .

Los que también están perjudicados por la ley son los que quieren estudiar en castellano (y no solo en Cataluña). El pasado jueves se aprobó la polémica enmienda que anula al castellano como lengua vehicular en la enseñanza y oficial del Estado.

Según el Instituto de Estadística de Cataluña, el castellano es la lengua inicial del 52,7% de los alumnos catalanes (datos de 2018). Si el total de estudiantes ese mismo año asciende a 1.327.912 (Infantil, Primaria, ESO y Especial), la ley impedirá a casi 700.000 alumnos estudiar en su lengua. «Aunque también afecta a los catalanohablantes porque se les niega el dominio del castellano», advierte Ana Losada , presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe. Agrega que pese a la gravedad de la enmienda, «en la práctica no hay cambio porque llevamos 30 años con un sistema ilegal de inmersión lingüística para castellanohablantes». Aún así, reconoce que la «ley Celaá» puede empeorar las cosas porque el Gobierno emite un mensaje envuelto en un marco legal: « Les dice a los alumnos españoles que no tienen la garantía de estudiar en español en España ».