Más de 500 familias italianas llevan la batalla a los tribunales para que el Estado pague por los muertos del Covid

«Miles de personas de Bérgamo y Brescia murieron por culpa de la política», por la negligencia y el mal funcionamiento de «un sistema sanitario que, ante la pandemia, se encontró desprevenido y no pudo proteger a los ciudadanos». Estas son algunas de las acusaciones, en palabras de los abogados que representan a más de 500 familiares de víctimas del coronavirus. Desde el jueves han comenzado a analizarse en un tribunal de Roma los documentos presentados para el proceso civil, para buscar justicia sobre la tragedia de la pandemia del Covid, que tuvo su epicentro en Bérgamo y Brescia.

Entre otros argumentos, la acusación se basa en que «Italia tardó en introducir medidas para contener el brote de Covid, y cuando finalmente lo hicieron, estas medidas no fueron adecuadas», según Consuelo Locati, abogada de las familias.

Diversos medios nacionales e internacionales revelaron que Italia tenía un plan contra la pandemia antiguo e inadecuado, en el que no se especificaban escenarios ni había una planificación. Las autoridades sanitarias italianas no lo actualizaron cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció a partir del año 2013 nuevas directrices. Un general retirado del Ejército, Pier Paolo Lunelli, explicó en un informe de 65 páginas que se podían haber evitado miles de muertes si los protocolos sanitarios contra la pandemia se hubieran actualizado cuando lo pidió la OMS y el Centro Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

«Este proceso civil que se inicia exige responsabilidades a la política y a las instituciones frente a los ciudadanos, porque tenían como misión protegerlos, pero se violaron tanto el derecho a la salud como el derecho a la vida», explicó la representante legal de las familias, Consuelo Locati.

A esta masiva acción legal en los tribunales se han adherido también los herederos de las personas fallecidas en la segunda y tercera ola de la pandemia, es decir, las víctimas del período octubre 2020 - mayo 2021. Los abogados lo explican así: «No se mejoró nada en cuanto a la gestión de la pandemia en las fases posteriores a mayo de 2020, a pesar de que las instituciones convocadas ante los tribunales eran y son conscientes de la absoluta inexistencia de un plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia , siguiendo las directrices de la OMS posteriores a 2013».

El informe presentado por los abogados en el tribunal de Roma incluye también los últimos hallazgos, examinados ya por la fiscalía, que sugieren que el coronavirus se estaba extendiendo en algunas zonas del país en noviembre y diciembre del año 2019 , meses antes de que se detectara oficialmente el primer caso de infección en Italia, debido al incumplimiento de las directrices sobre vigilancia epidemiológica. El primer caso oficial se conoció en el hospital de Codogno, cerca de Milán, el 21 de febrero de 2020.

En su escrito, los abogados destacan que «el 7 de febrero de 2020, el Instituto Superior de Sanidad declaró que no había circulación del virus en Italia, y el 11 de febrero reiteró que el virus no circulaba en Europa», aunque «el virus ya estaba presente en Italia, al menos por la presencia de los dos turistas chinos a partir del 18 de enero de 2020». Añaden los abogados que el Instituto Superior de Sanidad supo que «el 7 de febrero se identificó a un italiano positivo pero asintomático y que al día siguiente en Italia ya había tres casos positivos».