La «manada» de Palma destapa casos de prostitución infantil de menores de centros de acogida

La institución insular ha facilitado esas cifras después de que en los últimos días hayan trascendido nuevos datos en relación al caso de la niña de 13 años violada en grupo por seis menores la pasada Nochebuena en un piso de la barriada palmesana de Es Camp Redó. Dicha niña llevaba ya varios meses en un centro de acogida, del que se escapó por unas horas el 24 de diciembre. En ese contexto, una de las líneas de investigación abiertas por la Policía Nacional tiene que ver con la posibilidad de que se hubiera intentado captar a la víctima para una red de prostitución infantil . En principio, dicha posibilidad no estaría directamente relacionada con la agresión sexual múltiple que se atribuye a la denominada «manada» de Palma.

Cabe recordar que la pasada semana la Policía detuvo a ocho adolescentes, siete menores y uno mayor de edad, como sospechosos de haber participado de forma directa o indirecta en la agresión sexual múltiple sufrida por la mencionada niña de 13 años, de nacionalidad española. Los presuntos agresores se habrían turnado para violar a la víctima, si bien habrían alegado ante la Policía que se habría tratado de relaciones sexuales consentidas. Todos los sospechosos, también españoles, fueron puestos en libertad sin medidas cautelares. Aun así, los siete menores arrestados inicialmente —seis chicos y la mejor amiga de la niña— pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores.

Una de las diferencias esenciales entre los centros tutelados y los de internamiento es que en los primeros el régimen es abierto y además los menores que viven en ellos no tienen antecedentes . El Consell de Mallorca, a través del IMAS, gestiona los centros tutelados. Al ser de régimen abierto, los técnicos de dichos centros consideran que cuando algún menor se escapa sería más correcto hablar de «salida sin autorización» que de «fuga». Por lo que respecta a los centros de internamiento, que son de régimen cerrado para menores con antecedentes, los tres que existen son gestionados por el Govern.

El protocolo del IMAS establece que la fuga de cualquier menor de un centro tutelado debe ser denunciada a las dos horas. Dicho protocolo también señala que cuando un profesional de un centro de acogida tiene sospechas o indicios de que un menor o una menor pueden ser víctimas de explotación sexual infantil , tiene que elaborar un informe. Posteriormente, tiene que notificar el caso al Registro Unificado de Maltrato Infantil y derivar al menor a la Unidad de Valoración del Abuso Sexual Infantil. Ese posible caso se comunica paralelamente a la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional o la Guardia Civil con toda la documentación disponible en ese momento.

En el Consell de Mallorca gobierna en la presente legislatura un tripartito conformado por el PSOE, Unidas Podemos y MÉS, bajo la presidencia de la socialista Catalina Cladera. Desde la oposición, el PP y Vox han pedido ya explicaciones al IMAS sobre su modo de proceder cuando tienen conocimiento de posibles casos de explotación sexual infantil. En ese sentido, dichas formaciones quieren saber también si en el caso de la niña de 13 años violada en grupo se habría seguido el preceptivo protocolo de actuación horas antes, cuando se fugó de su centro de acogida. Por su parte, desde el Consell han anunciado que el próximo miércoles habrá una reunión de la comisión interinstitucional creada en 2016 para combatir la trata y explotación sexual de menores. La citada reunión será la primera de esta legislatura.

Como se ha indicado, los hechos tuvieron lugar entre la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 de diciembre. El día de Nochebuena, la niña de 13 años se escapó del centro tutelado en el que se hallaba, algo que ya había hecho en ocasiones anteriores. Se dirigió entonces a un piso de la barriada palmesana de Son Gotleu, en donde suele pernoctar cada vez que se fuga.

Al parecer, la niña y una amiga habrían sido acosadas ese día por dos varones de raza negra cuando se encontraban aún en Son Gotleu. La intervención de la dueña de un bar de la zona habría evitado que ambas niñas pudieran haber sido víctimas de posibles abusos en ese momento. Las dos menores entraron entonces en dicho bar, en donde les habrían ofrecido alcohol y drogas. Precisamente, la Policía estaría investigando si la dueña de ese establecimiento podría estar, en realidad, implicada en una red de prostitución de menores.

Estando aún en el bar, la niña de 13 años contactó entonces con quien es su mejor amiga, una adolescente de 16 años, que le habría convencido para que se fuera con ella a una fiesta en casa de unos conocidos que viven en Es Camp Redó. Dichos conocidos, de etnia gitana, son considerados desde hace tiempo menores conflictivos por parte de la Policía.

Una vez ya en el citado piso de Es Camp Redó, la víctima se dio cuenta de que los seis menores que había en ese instante en la casa pretendían abusar de ella y le comentó a su amiga que se quería marchar, pero ésta le dijo que sólo podría irse en caso de que hiciese todo lo que le dijera. Entonces, la amiga llevó a la niña a una habitación, en donde empezaron las violaciones. En la madrugada del 25 de diciembre, uno de los menores llevó a la niña en un cuadriciclo hasta un descampado ubicado en el extrarradio de Palma, en donde habría forzado de nuevo a la víctima. Tras regresar luego al piso de Es Camp Redó, la niña pudo escapar en un momento de descuido de los sospechosos y volver a Son Gotleu.

Ya en Son Gotleu, la niña se puso en contacto con la psicóloga de su centro de acogida y le envió a través de su teléfono móvil mensajes pidiendo ayuda. A continuación, los técnicos del centro tutelado acudieron en auxilio de la víctima. Seguidamente, fue atendida en un centro hospitalario de las lesiones sufridas a consecuencia de las violaciones. Se activó entonces el protocolo previsto en casos de posible agresión sexual, por lo que el caso pasó a la Policía Nacional. Las diligencias previas fueron derivadas de inmediato a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). La investigación policial continúa aún abierta.

En ese contexto, un vídeo grabado el 24 de diciembre por uno de los sospechosos podría demostrar que el sexo no fue consentido. Por su parte, la víctima ha solicitado ser trasladada a un centro tutelado de la Península, por miedo a poder sufrir represalias tras la denuncia presentada. Esa petición será estudiada por los técnicos del IMAS, según ha explicado este lunes su presidente, Javier de Juan , al canal autonómico IB3.