La Audiencia Nacional, la vía para que Madrid detenga las restricciones

La opción que tiene la Comunidad de Madrid a día de hoy sería la de recurrir las medidas que quiere imponer el Gobierno ante la Audiencia Nacional , afirman varios juristas consultados por este periódico. Sería a través de una petición de medidas cautelarísimas que la Comunidad debería hacer para que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre si paraliza la puesta en marcha de las restricciones antes de que entre en vigor la orden del Ejecutivo, explica Fernando de la Fuente Honrubia, viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

En este caso, explica Carlos Maroto, especialista en Derecho Procesal, la encargada sería la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que tiene entre una de sus competencias la de dilucidar recursos que se interpongan contra el Ministerio de Sanidad. «Para que se suspenda la orden habría que solicitar la suspensión cautelar de la medida, y esa solicitud habría que argumentarla jurídicamente », asegura, es decir, acreditar que la entrada en vigor de las restricciones provocaría unos perjuicios difíciles de reparar.

«Se trata de un procedimiento que ni siquiera exige escuchar a la otra parte . Se solicita por la Comunidad de Madrid y la Audiencia resuelve de manera rapidísima y cautelarísima », dice De la Fuente. Por tanto, y en caso de que Ayuso decida recurrir la orden ante la Audiencia Nacional, esta debería pronunciarse antes del viernes resolviendo de manera cautelar, y ya en los días siguientes escucharía a la otra parte, es decir, el Gobierno, para ratificar o no su decisión.

En el caso de que la Audiencia Nacional estimara la petición de Madrid, la orden del Ejecutivo quedaría en suspenso y por tanto no se podrían aplicar sanciones por el incumplimiento de las restricciones. Si por el contrario la AN estimara que no hay lugar al recurso, las restricciones implantadas por el Gobierno deberían entrar en vigor en la fecha prevista.

Otro debate que surge de este tema es el hecho de que se puedan limitar los derechos fundamentales de las personas sin que haya un estado de alarma. Federico Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de ICADE, explica que sin autorización judicial no se pueden imponer estas medidas al considerar que limitan los derechos fundamentales de las personas.

De la Fuente, sin embargo, se remite a las resoluciones judiciales que se han dado en los últimos meses sobre temas similares, pues ha habido algunas que comprendían que este tipo de medidas no se pueden llevar a cabo sin un estado de alarma y otras que avalaban su puesta en marcha. «Si nos atenemos a los antecedentes, entendemos que no es necesario que haya estado de alarma porque no son restricciones totales, son parciales».

«Jurídica es opinable», sentencia Maroto, que asegura que, al contrario de lo que ha ocurrido con otros asuntos, en los que a través de resoluciones se ha logrado crear una jurisprudencia uniforme, al ser el tema de la pandemia tan excepcional no hay una única jurisprudencia que sirva para aclarar asuntos como si es necesario o no el estado de alarma para poder imponer estas restricciones. «No se puede reprochar a un jurista que se ponga en un bando u otro, porque ambas cosas son jurídicamente defendibles». En su caso, considera preciso un estado de alarma que lo ampare «porque la movilidad es un derecho fundamental y al limitarlo es preciso que se haga en el mardo de un estado de alarma».

La Comunidad de Madrid ha anunciado esta mañana que está estudiando a través de Abogacía General de la Comunidad la resolución para tomar la decisión de presentar el recurso ante la Audiencia Nacional, ya que, han asegurado, dudan de la validez jurídica del acuerdo. Así, están estudiando si procede pedir medidas cautelarísimas. En caso de tener que aplicar las restricciones pedirían permiso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para poder llevarlas a cabo porque consideran que afecta a los derechos fundamentales, informa Sara Medialdea.