La madre y el marido de la menor gaditana obligada a casarse cumplirán pena en Mauritania

La joven tuvo que mantener relaciones sexuales no consentidas con su esposo a los 14 años

madrid Actualizado:

La madre y el marido de la menor mauritana que fue obligada a casarse, condenados por agresión sexual por el Tribunal Supremo en 2010, serán trasladados esta semana por agentes de la Interpol a Mauritania donde seguirán cumpliendo condena, han informado a Efe fuentes penitenciarias.

La entrega de la familia mauritana a las autoridades de este país para que cumplan el resto de su pena se produce en virtud de un acuerdo de extradición suscrito por ambos países en julio del año pasado.

Hawa Mint Cheikh, la madre de la niña de 14 años, y Abderramane El Mokhtar Salem, de 45 años, el primo de la menor con el que se casó por obligación, fueron condenados en la Audiencia Provincial de Cádiz en 2009 y en 2010 por el Tribunal Supremo a 12 de cárcel cada uno por agresión sexual. Ambos cumplían prisión en el centro penitenciario El Puerto III, en El Puerto de Santa María (Cádiz) y fueron traslados la semana pasada a la cárceles madrileñas de Valdemoro, el marido y a Soto del Real, la madre de la menor, para ser entregados a las autoridades mauritanas.

Mohamed Ould Abdallahi, el padre de la menor, cumple desde el pasado junio en la misma prisión gaditana la pena de dos años y medio que impuso el Supremo en 2010 por maltrato familiar y amenazas, según las mismas fuentes. Además, el Alto Tribunal prohibió a los padres comunicarse con su hija durante 26 años, y al marido, durante diez.

Los hechos se remontan a 2005 cuando la menor, nacida en Cádiz en 1992, fue obligada a casarse en Mauritania con un primo adulto. Tras un periodo, la menor regresó al domicilio de una familia española en Puerto Real, Cádiz, hasta que en junio de 2007 el marido viajó al municipio gaditano y obligó a la menor, de 14 años, a mantener relaciones sexuales con él, presionada por su madre, que «le pegó, le mordió en un pecho y amenazó con pegarle más con un cable de televisión», según la sentencia.

El Supremo argumenta que «la vulneración de un derecho tan elemental como el de su libertad sexual no puede de ninguna forma quedar condicionado a circunstancias tales como la del origen cultural de quien lo agrede».