Luis Argüello: «No es oportuno que la administración pública intervenga en la escuela concertada»

El Gobierno acorrala a la educación católica. Su reforma de la Lomce deja a la asignatura de Religión sin su alternativa y anula la posibilidad de crear nuevos centros concertados católicos aunque exista «demanda social», ¿qué espera usted de la reunión con la ministra Celaá este lunes?

Esperamos poder dialogar de estas cosas y poder dialogar precisamente de la preocupación que sentimos la comunidad educativa católica y la Iglesia sobre la educación en general. Pero es verdad que la reforma anunciada pone especial acento en la clase de Religión y en la escuela concertada. Sobre el criterio de la «demanda social» nos parece un criterio bastante democrático, ya que es la propia sociedad la que puede demandar que haya un nuevo colegio o que se abran nuevas líneas. La reforma además propone una presencia de las administraciones públicas en el consejo escolar. Esa presencia es legítima en la inspección de los concertada para verificar que cumpla la legislación vigente, pero no nos parece tan oportuno que en la dirección del centro, en el consejo escolar, intervenga otras personas distintas de la comunidad educativa.

¿Tienen esperanza de poder reconducir la reforma educativa teniendo en cuenta los socios de Gobierno de Pedro Sánchez?

Nosotros hemos reivindicado antes y ahora la importancia de un diálogo y de un pacto educativo y eso es lo que seguimos diciendo, sabiendo que el corazón y las grandes líneas del pacto educativo están ya en el artículo 27 de la Constitución Española.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una comisión para revisar si los bienes de la Iglesia deben pagar IBI pero no incluirá al resto de organizaciones que al igual que la Iglesia se benefician por la Ley de Mecenazgo de esta subvención indirecta, ¿se siente discriminada la Iglesia?

Si fuese así, sí. Si el cambio de la Ley de Mecenazgo afectase solo a los bienes de la Iglesia sería una discriminación evidente porque estamos hablando de que la Iglesia está reconocida por el propio Estado español como una organización de carácter no lucrativa y como organización no lucrativa está exenta del pago del IBI en muchos de sus inmuebles. Si la Iglesia viera que en otras organizaciones de carácter no lucrativas siguen exentas del IBI y la Iglesia no, sería una discriminación.

También está preparando una lista para revisar las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia, ¿teme la Iglesia la pérdida de bienes valiosos como la Catedral-Mezquita de Córdoba?

La inmatriculación no da el derecho de propiedad. Es una acto jurídico por el que en el Registro de la Propiedad se inscribe un bien que no estaba inscrito. La propiedad se demuestra no por la inmatriculación sino con otro tipo de documentos o posesión pacífica a lo largo del tiempo. Por eso es muy injusto y demagógico decir que una diócesis ha comprado por 35 euros, que es la tasa que se paga en el Registro por inmatricular, una catedral.

La izquierda radical habla de «acabar con los privilegios» de la Iglesia, pero nadie habla de los derechos de los ciudadanos a ejercer su libertad religiosa, ¿cree que estamos volviendo sobre nuestros propios pasos ahora que nos preparamos para celebrar el 40 aniversario de la Constitución?

Precisamente la Constitución española, como no podría ser de otra manera a la hora de querer ser una constitución democrática y a la altura de nuestra sociedad occidental, afirma el derecho a la libertada religiosa. Gracias a la Constitución los acuerdos Iglesia-Estado han logrado un desarrollo importante en España. Esos acuerdos establecen unas reglas de juego que permiten la presencia de la Iglesia en muchos ámbitos y que muchos tienen que ver con el Estado del Bienestar, como la educación, la sanidad y los servicios sociales.

¿Usted aterriza en la secretaria general en un momento delicado para la Iglesia por los casos de abusos sexuales, ¿tiene previsto la CEE pedir algún informe al estilo de la Conferencia Episcopal alemana para conocer el alcance real de los abusos en la Iglesia española?

Para la Iglesia cualquier caso es grave por lo que significa la relación de confianza que los menores pueden tener con los sacerdotes. Sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo, el número de casos que afecta al clero con respecto a los casos que hay en España, no es muy grande pero es muy grave. No siendo muy grande es muy grave. Existen unos protocolos, que ahora están en fase de renovación por una comisión de la Conferencia Episcopal que nos dicen lo que debemos hacer ante un caso de abuso en lo que se refiere a la denuncia ante las autoridades civiles. En lo que se refiere a la prevención hay que revisar todo el camino de preparación de las personas que van a asumir una responsabilidad y cercanía con los más pequeños.

Los expertos en abusos sexuales dicen que las víctimas no denuncian por miedo a ser estigmatizadas, ¿tiene la CEE pensado tomar alguna medida para facilitar que las víctimas hablen? Hay algunas diócesis en EE. UU. que han creado una línea de atención telefónica gratuita...

Puede ser. Los pasos a dar, teniendo en cuenta las experiencias de otras diócesis, podrían salir de la reunión del Papa con los presidentes de la Conferencia Episcopales del mundo en febrero. Seguramente este encuentro nos dará pistas concretas en este camino.

¿No cree que a la Iglesia le ha costado mucho reaccionar?

Puede ser, pero también puede haber ocurrido que en la Iglesia española no haya habido muchos casos. Puede que hayamos estado mirando a otro sitio... precisamente por eso queremos ahora abordar la situación.

¿Por qué la CEE prioriza la creación de una comisión para revisar los protocolos y no facilita, en cambio, que las víctimas puedan denunciar sus casos y sean atendidas?

Hasta aquí cada Iglesia particular ha pensado que tenía su propio cauce. Lo que tenemos que revisar ahora en el conjunto de la Iglesia universal es si este criterio que ha sido asumido por otras Conferencia Episcopales puede ser acogido como una pauta general para todas las Iglesias del mundo...