La Lomce cumple cuatro años rodeada de peticiones para su derogación

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), popularmente conocida como «ley Wert» -por ser el entonces ministro José Ignacio Wert quien la sacó adelante- empezó a implantarse de forma escalonada desde el curso 2014-15.

Al principio se introdujo en Educación Primaria y en la nueva Formación Profesional Básica, después en los cursos impares de ESO y Bachillerato y al final en los pares .

Sin embargo, la situación política del país tras las elecciones generales de diciembre de 2015, que impidieron la formación de un Gobierno y provocaron meses de un Ejecutivo del PP en funciones y otros comicios en junio de 2016, han hecho que la Lomce se esté aplicando de forma « descafeinada ».

Así, en diciembre del pasado año, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto ley de medidas urgentes para ampliar el calendario de implantación de la Lomce por el que las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato dejaban de ser obligatorias para obtener un título, tal y como fijaba la norma.

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo , explicó entonces que se cumplía así con las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura de octubre, cuando abogó por un pacto nacional por la educación y como señal del mismo se comprometió a suspender los efectos académicos de estas pruebas.

Sin embargo, esa suspensión no suponía la paralización de las pruebas, pues su " realización no sólo es conveniente , en la medida en que facilita información relevante para el diagnóstico del sistema educativo, sino imprescindible en el caso del Bachillerato, para permitir el acceso de los estudiantes a las enseñanzas universitarias", sostuvo entonces Educación.

Así, las evaluaciones de final de etapa de sexto de Primaria y cuarto de la ESO son muestrales y tienen solo carácter diagnóstico, y la de Bachillerato únicamente la tienen que realizar los alumnos que quieran acceder a la Universidad y en base a contenidos de segundo de Bachiller.

Pese a ese gesto del Gobierno a finales de 2016, y a que en febrero de 2017 comenzaron los trabajos de una Subcomisión para lograr un Pacto Social y Político por la Educación en el Congreso con el fin de consensuar un texto que sirva de base para sustituir la Lomce, las voces en contra de esta norma no han cesado.

La mayoría de los partidos de la oposición la siguen calificando de «segregadora», «privatizadora», «adoctrinadora» o «invasora de competencias autonómicas».

Y si la Lomce ha sido contestada a través de varias proposiciones no de ley, no hay que olvidar que en noviembre de 2016 el pleno del Congreso aprobó iniciar la tramitación parlamentaria de una proposición legislativa.

La presentó el grupo socialista para suspender el calendario de implantación de la Lomce y cambiarla posteriormente por otra ley .

Pero desde el momento en que tocaba tramitar dicha proposición de ley con presentación, debate y votación de enmiendas han pasado muchos meses por el « bloqueo » del PP, según ha criticado el PSOE.

Por su parte, la Subcomisión creada en el Congreso para trabajar por un Pacto Social y Político por la Educación acaba de dar a conocer el guión definitivo de temas (quince) a tratar para consensuar un documento que de lugar después a una nueva ley.

Habrá que ver lo que depara 2018 a la Lomce.