La ley de vientres de alquiler de Portugal dispara el «efecto llamada» en parejas españolas

Diversas asociaciones y agencias especializadas, como Interfertility, se afanan por responder al aluvión de peticiones de información en este sentido, muchas de las cuales se traducen en intentos de apuntarse en la lista de aspirantes que ha comenzado a elaborarse al otro lado de la frontera. Y la tendencia va a más, pese a que el asunto exige un concienzudo análisis de las condiciones impuestas por la flamante normativa lusa.

El Consejo Nacional de Procreación Médicamente Asistida (CNPMA) de Portugal ha recibido al menos 50 solicitudes, la mayoría de parejas portuguesas. Pero se han acreditado unas cuantas demandas desde España, una de un matrimonio andaluz que reside cerca de la «raya», como se denomina en los pueblos de este lado. Al parecer, se trata de una mujer con problemas en el riñón, por lo que pondría en riesgo su integridad, según detalla la agencia Efe.

La ley abre la posibilidad al hecho de que puedan acogerse ciudadanos de otros países, siempre que se acrediten todos los requerimientos, entre los cuales destacan disponer de un domicilio en Portugal o, como mínimo, garantizar que todo el proceso se va a realizar en ese territorio, aunque la vivienda habitual se ubique en dominio español. De manera que esa solicitud ha terminado por no ser aceptada.

En una fase aún más incipiente se rechazó otro caso planteado desde España porque provenía de una mujer y Portugal no acepta más que parejas.

Eso sí, las expectativas se han multiplicado en matrimonios de Andalucía, Extremadura, Salamanca, Zamora o Galicia, porque su proximidad con la patria del fado hace que sea mucho más barato postularse para beneficiarse de esta norma desde que se ha aprobado. Más fácil optar en Portugal que desplazarse hasta Ucrania, por ejemplo, donde los costes no hacen más que dispararse.

En cuanto a la población lusa, el primer caso en vías de autorización (aún no definitiva) no puede ser más polémico ya que se trata de una joven pareja cuya mujer perdió el útero por complicaciones de una endometriosis, así que cumple totalmente los requisitos exigidos por la normativa. La controversia llega por la elección de la madre de alquiler: la abuela de la criatura, Isabel, de 50 años.

En vista del revuelo generado, la futura abuela de la criatura se ha apresurado a alzar la voz con unas palabras muy esclarecedoras: «Quiero dar a mi hija la oportunidad de tener hijos».

La decisión final aún puede demorarse tres meses, en vista de que el Gobierno socialista de António Costa pone por delante una consulta (no vinculativa, pero sí con gran peso) de la Orden de Médicos y después el CNPMA tendrá derecho a emitir el dictamen definitivo.

Las precauciones se sustentan en el documento oficial que disecciona la legislación, en vigor desde el pasado 31 de julio y que contiene puntualizaciones como: «Es posible recurrir a la gestación subrogada, pero solo se aplicará en situaciones absolutamente excepcionales y con requisitos estrictos».

Además, queda claro que recurrir a un vientre de alquiler «solo será posible de manera gratuita y en los supuestos en que la ausencia de útero y una lesión o enfermedad de este órgano impidan de forma absoluta el embarazo de una mujer».