La ley LGTBI de Igualdad condiciona los conciertos educativos al respeto del colegio a la diversidad sexual

Además, mandata a las administraciones públicas , en el ámbito de sus competencias, que velen por que el contenido de los materiales didácticos promueva el respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, en todos los niveles de estudios y en función de las materias y edades.

De hecho, recoge que la elaboración, utilización o difusión de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, o características sexuales es una infracción administrativa muy grave que puede castigarse con entre 10.001 y 150.000 euros, pudiendo suspender las ayudas públicas y vetarlas durante tres años, incluso el cierre del centro durante ese mismo periodo.

Igualmente, recoge que el conocimiento y el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar se incluirá en el currículo básico como un objetivo en todas las etapas educativas.

El borrador de esta norma, susceptible de modificaciones, aspira a consagrar en todos los ámbitos la no discriminación por «razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales» y contiene una cláusula general antidiscriminatoria.

Así, se prohíbe explícitamente cualquier método, programa o terapia destinada a modificar la orientación sexual , la identidad de género o la expresión de género de las personas, aun con el consentimiento de las mismas o de sus representantes legales. Estas prácticas estarán penadas con multas de hasta 150.000 euros.

Asimismo, garantiza el acceso a técnicas de reproducción humana asistida de todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual. En lo que respecta a las personas intersexuales, se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas recién nacidas, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario.

Además, se recogen medidas específicas para una asistencia integral frente a la violencia intragénero y la basa en LGTBIfobia, con asistencia psicológica y orientación jurídica y atención a sus necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales. Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia intragénero y de violencia basada en LGTBIfobia.

Por otro lado, obliga a las administraciones públicas a que adecuen su documentación y formularios administrativos a la diversidad sexual, de género y familiar y se introduce la posibilidad de establecer, mediante la negociación colectiva, medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de mujeres trans. En materia deportiva, destaca la prohibición de los procedimientos de verificación de sexo en las prácticas y competiciones deportivas.

También se eleva a rango de ley la obligación de las demarcaciones consulares situadas en países que no se opongan expresamente al matrimonio entre personas del mismo sexo de celebrar este tipo de matrimonios, así como la aplicación de la ley española cuando la ley extranjera no permita el establecimiento del doble vínculo materno en la determinación de la filiación de parejas de mujeres residentes en el extranjero.

Igualmente, contempla que el Ministerio de Defensa elimine las causas de exclusiones médicas a efectos del ingreso en los centros docentes militares de formación las disgenesias, hipogenesias yagenesias gonadales y genitales. A estos efectos, deberá modificar las normas reglamentarias que contemplen las anteriores patologías como causa de exclusión genérica.

Asimismo, recoge la reparación a las personas que se sometieron a tratamientos e intervenciones médicas u otras prácticas obligatorias contra su voluntad, así como de quienes padecieron represión, persecución, violencia o privación de libertad por razones de orientación sexual o identidad de género, durante la dictadura franquista.

Para llevar a cabo y verificar todas estas políticas, se crea la Conferencia Sectorial de Igualdad LGTBI entre entre la Administración General y comunidades autónomas, el Comisionado para la Igualdad de las personas LGTB y el Consejo de Participación de las Personas LGTBI. También contempla la redacción cuatrienal de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI cuatrienal. Finalmente, recoge la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Este texto está basado en la norma redactada por la Federación Estatal LGTB (FELGTB) en 2017 y que Unidas Podemos llevó al Pleno en su nombre. Esta proposición de ley fue tomada en consideración por la Cámara Baja pero su tramitación decayó en mayo de 2019 por la convocatoria de elecciones generales.