La Justicia se prepara para afrontar la crisis por coronavirus en los juzgados por los que transitan miles de personas a diario

Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces esta comisión se constituye en el órgano que realizará el seguimiento de las medidas que vayan adoptándose para hacer frente al Covid-19 para su adaptación al ámbito judicial , «estableciendo un canal de comunicación permanente con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos, a los que se dará traslado inmediato de todas las decisiones que se acuerden«.

De igual forma, la Fiscalía General del Estado impartirá también mañana directrices de organización para dar respuesta a las necesidades del servicio público , según ha comunicado el órgano a través de una nota informativa. La mayoritaria Asociación de Fiscales había pedido horas antes a la fiscal general, Dolores Delgado, que adoptara, «con la mayor celeridad, todas las medidas que resulten necesarias en atención a dicha situación de emergencia generada en muchos lugares de España».

La preocupación de los operadores jurídicos ante el riesgo de propagación del virus es evidente: no en vano en vano miles de ciudadanos acuden diariamente a órganos de distintas jurisdicciones a trámites relacionados con la actividad jurisdiccional. La situación se complica aún más en sedes judiciales en las que las condiciones ambientales no son las más idóneas y en cuyos pasillos tienen que esperar su turno los justiciables que apenas tienen sitio para guardar una distancia mínima de seguridad.

Este martes, tras las medidas anunciadas por sanidad en las últimas horas, algunos juzgados de Madrid habían decidido su cierre temporal. Es el caso del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Madrid, en el que la letrada de la Administración de Justicia informaba en una breve nota de que «a la vista de la propuesta efectuada por los funcionarios de este órgano judicial, quienes están expuestos de forma directa al público y profesionales, y debido asimismo a la comparecencia en el día de hoy en el juzgado número 18 de un testigo respecto del que se han adoptado medidas de protección y alejamiento se acuerda el cierre de las dependencias judiciales al público, a la espera de la decisión que con carácter general de adopte respecto de los órganos jurisdiccionales del edificio».

Por su parte, el juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid comunicaba en un cartel que «hasta nueva orden atenderá a los profesionales y al público general a través de ventanilla».

Desde el sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia denuncian que llevan tiempo solicitando medidas de protección para los funcionarios que trabajan en los órganos judiciales «sin que hasta la fecha se haya hecho nada, únicamente enviar un par de guantes de desechables para cada trabajador y un botecillo de gen higienizante (donde ha llegado)».

De momento, el Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia , correspondientes al sistema de acceso libre, ha acordado la suspensión del tercer ejercicio de dicho proceso, como medida extraordinaria de prevención y contención del coronavirus. Más de 9.000 aspirantes estaban llamados a realizar este examen el 14 de marzo. Se atiende así a la recomendación realizada por el Ministerio de Sanidad de evitar los eventos multitudinarios de cualquier tipo durante el periodo de epidemia del COVID-19.

La nueva fecha se decidirá tan pronto como las autoridades sanitarias verifiquen el control de la transmisión de la enfermedad y el riesgo asociado a ella, y se disponga de las instalaciones adecuadas. Se informará puntualmente y con la antelación suficiente en la web del Ministerio de Justicia.

También se ha visto afectado el examen de acceso a la Abogacía previsto para el 28 de marzo, que ha sido aplazado «sine die» ante el número de aspirantes que tenían que desplazarse a España desde países que, como Italia, han tomado medidas extraordinarias de contención. En una resolución, la Dirección General para el Servicio Público de Justicia señala que la prueba, necesaria para poder ejercer la profesión, ha sido suspendida para «evitar riesgos innecesarios». A la prueba, que se iba a celebrar el sábado 28 de marzo en centros universitarios de distintas ciudades de España, se iban a presentar 6.780 personas.