La Justicia anula la multa de 465 millones de dólares Johnson & Johnson por su papel en la crisis de los opiáceos

El juez basó su fallo en la ley contra los perjuicios públicos, al estimar que la empresa había adoptado prácticas «engañosas de marketing y promoción de opiáceos». Fue el primer juicio civil contra un laboratorio de Estados Unidos relacionado con los opiáceos.

El Estado reclamaba inicialmente 17.000 millones de dólares de indemnización correspondientes a 20 años de financiación de estos programas. Pero la empresa recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo de Oklahoma estimó que el juez no debería haberse basado en la ley de perjuicios públicos para condenar las prácticas de fabricación, marketing y ventas de J&J, de manera que ha invalidado la decisión.

Johnson & Johnson, igual que otras farmacéuticas como Purdue, que fabricaban OxyContin, y grandes distribuidores estadounidenses de medicamentos están acusados de haber realizado, a partir de 1996, una promoción excesiva de sus medicamentos contra el dolor, provocando una crisis de dependencia que está en el origen de las adicciones.

Los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, así como J&J, aceptaron a finales de julio pagar 26.000 millones de dólares para saldar miles de litigios relacionados con la crisis de los opiáceos.

El laboratorio confirmó en junio que había suspendido la producción y venta de estas sustancias. Por su parte, el laboratorio Purdue se declaró en quiebra y aceptó pagar 4.500 millones de dólares a las víctimas e instituciones afectadas a cambio de cierta inmunidad, a nivel civil, para sus propietarios, la familia Sackler. Este proceso sigue su curso.