La juez imputa a la directora general de Salud Pública que confinó a los estudiantes en un hotel de Palma

Tras la querella de una progenitora, el juzgado ha decidido investigar las circunstancias que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver ordenado el sábado 25 de junio. Los padres de algunos de estos jóvenes alegaron que sus hijos fueron trasladados sin su autorización al hotel medicalizado ubicado en el paseo marítimo de Palma, destinado a los turistas que dan positivo en Mallorca para que cumplan cuarentena. Además, las primeras órdenes de traslado fueron confusas y se hicieron presuntamente cuando todavía no se había firmado la resolución de Salud.

Los progenitores presentaron un alud de ‘habeas corpus’ ante el juzgado de guardia alegando que todos fueron desestimados. Posteriormente, otra jueza tumbó parte de la resolución de la directora general que ordenó el internamiento forzoso de los estudiantes, al considerar que no era proporcionada. Esa decisión judicial, permitió la salida de los jóvenes no contagiados del hotel.

La jueza entendió que el Govern balear debería haber demostrado de forma más individualizada que los afectados no contagiados eran contacto estrecho de los que habían dado positivo. La magistrada destacó en su auto que en la resolución del Govern balear «no se especificaba de forma clara ni directa» datos más específicos como «su situación particular, fecha de llegada, periodo de estancia en la isla, grupo al que pertenecía, hotel de hospedaje y actividades de ocio relacionadas». Asimismo, destacó que la orden de Salud tampoco concretaba si mantuvieron «un contacto real, ni con qué intensidad» con los contagiados y subrayó que «no bastan meras consideraciones de conveniencia, prudencia o precaución» para limitar derechos fundamentales.

El Govern siempre ha defendido que su actuación fue correcta y legal, pese al varapalo judicial. La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, aseguró en el Parlament balear que el Govern volvería a hacerlo. Sin embargo, la falta de cobertura legal ha dado pie a que prospere la querella conta la directora general de Salud Pública, sin perjuicio de que puedan imputarse otras personas.

Por su parte, el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, criticó duramente el auto de la jueza asegurando que esta decisión «ponía en peligro toda la política sanitaria que había establecido, no solo el Govern, sino también el Gobierno central» a lo largo de la pandemia.

Los jueces se defendieron de los ataques del Govern y afirmaron que la resolución de la consejería de Salud, emitida en la madrugada del domingo para confinar a decenas de estudiantes en viaje de fin de cursos en Mallorca, debió haber sido más concreta y específica.

«Una resolución que afecta a los derechos fundamentales debe estar motivada y la de Salud no lo estaba, era excesivamente genérica para limitar derechos fundamentales», argumentó la jueza decana de Palma, Sonia Vidal, antes de añadir que «las decisiones pueden ser correctas materialmente pero tienen que estar vestidas con las normas y eso implica que haya una resolución motivada».

La Conselleria de Salud y Consumo ha expresado este martes su respeto a las actuaciones judiciales así como su disposición a los requerimientos judiciales después de que se haya citado como investigada a la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, en relación al aislamiento de estudiantes en el hotel Palma Bellver.

En un comunicado, ha mantenido en todo caso su «defensa y apoyo» a la actuación de la Dirección General de Salud Pública y de todos sus miembros para controlar el megabrote de contagios originado a partir de viajes de estudios.

El Ejecutivo mantiene que la actuación fue «proporcionada» y que siempre atendió al criterio fundamental de la defensa y protección de la población.

Salud ha recordado que los jueces no atendieron judicialmente las peticiones de 'habeas corpus' solicitadas por algunos de los jóvenes a los que se requirió mantener cuarentena.

Igualmente, para el Ejecutivo autonómico, los comportamientos de riesgo confirmados después por el seguimiento de las autoridades sanitarias y el volumen de casos detectados en los días siguientes prueban que la actuación fue oportuna.