Un juez califica de «delito leve» la agresión a la alumna que pintó una bandera de España

Los hechos se produjeron el 17 de junio de 2020 en la escuela Font de l’Alba de Tarrasa (Barcelona) cuando, según consta en la denuncia presentada por la familia, la docente supuestamente «increpó y zarandeó a la alumna y la humilló ante sus compañeros por pintar una bandera española junto a la frase «¡Viva España!» en su trabajo de fin de curso. La menor cursaba entonces cuarto curso de Educación Primaria y tenía diez años.

Según recoge el parte médico, a raíz de la presunta agresión la menor sufrió lesiones en la zona lumbar y en un dedo. Asimismo, los hechos le provocaron, tal y como consta en la documentación aportada por la familia, «secuelas psíquicas» como ansiedad o trastornos del sueño. El mismo día de los hechos los padres de la menor presentaron una denuncia ante la Policía autonómica.

La Generalitat tardó en reaccionar. Cinco días después de la supuesta agresión, el departamento de Educación de la Generalitat se pronunció por primera vez sobre los hechos y negó que hubiese intencionalidad política en la agresión ni tampoco maltrato físico. Sí que admitió que la docente había destripado ante el resto de la clase su trabajo y que la había dejado sola en el pasillo , lo que, a juicio de la consejería, podría constituir una falta leve por lo que se abrió un expediente disciplinario a la profesora. En su auto, del pasado 17 de marzo, el juez desestima el presunto delito de odio al entender que la actuación de la docente fue «espontánea» al no cumplir la alumna con la tarea asignada y no hubo «ánimo de lesionarla ni humillarla». El magistrado entiende que «de las diligencias de investigación practicadas no se infiere en la actuación de la investigada (la profesora) un ánimo de lesionar la dignidad de la menor, de humillarla o de la existencia de una previa animadversión hacia ésta o hacia sus familiares o ideas». Rechaza también motivación ideológica.

Cree que «los hechos fueron espontáneos o incontrolados, de reacción momentánea (...) una reacción de la profesora respecto a la alumna por no cumplir con el trabajo encargado».

El juez descarta también el presunto delito contra la integridad moral, dado que entiende que los hechos no fueron lo suficientemente «graves» para decir que la menor recibió un trato degradante. Mantiene, asimismo, que tampoco «puede imputarse de forma objetiva y de relación causa/efecto a la actuación de la investigada las consecuencias que recoge el informe psicológico realizado a la menor» que, según la resolución judicial, «pueden venir provocadas por multitud de circunstancias ajenas a los hechos aquí enjuiciados». El informe psicológico indica que a raíz de los hechos la menor «sufre ansiedad, labilidad emocional, sentimientos de indefensión e impotencia, de hostilidad, de rabia, trastornos del sueño, dolor emocional», entre otras secuelas.

El magistrado sí admite, basándose en el informe forense, que las lesiones físicas que constan en el documento «podrían ser constitutivas de un delito leve de lesiones (art. 147.2 del Código Penal) o de maltrato de obra (artículo 147.3 del mismo texto). Niega, no obstante, lesiones psíquicas en la menor a raíz de los hechos «sin perjuicio de lo que puedan suponer a efectos de responsabilidad civil». Tras el incidente, la familia de la niña decidió trasladarla a ella y a sus dos hermanas, más pequeñas, a otra escuela para evitar hipotéticas presiones derivadas de este caso, que este diario adelantó el 17 de julio de 2019. Optaron por el cambio de escuela pese a que la dirección del centro les envió una carta garantizándoles que ni la pequeña ni sus dos hermanos coincidirían en las aulas con la investigada. La menor sigue teniendo pesadillas, según la familia.