Juana Rivas pide que las leyes se apliquen en su «realidad diaria» de «víctima de violencia de género»

« Sólo así las víctimas dejaremos de serlo », asevera Juana Rivas en una carta abierta a los medios que dice haber tenido «la necesidad» de enviar «para todas aquellas personas que quieran acercarse a mi realidad», y teniendo en cuenta «lo difícil que es transmitir en minutos de entrevistas todo lo que me viene ocurriendo, y lo que eso dificulta la comprensión de mi caso».

La carta, fechada este pasado sábado día 21 de julio, llega además en la misma semana en la que se ha celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada el juicio contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores por el que la Fiscalía pide para ella un total de cinco años de prisión, así como que sea inhabilitada durante seis años para ejercer el derecho de patria potestad sobre los niños, de once y tres años.

Rivas señala en su misiva que, «desde hace ya algunos años, las leyes están de mi parte y de todas las víctimas de la violencia de género que, como yo, queremos una vida digna de ser vivida para nosotros y para nuestros hijos».

«El problema, el gravísimo problema es la aplicación de esas leyes» , sostiene la madre de Maracena, para añadir que «sólo pido que se apliquen en la realidad diaria de Juana Rivas y de tantas Juana Rivas como hay en España y en Italia».

Por lo demás, en su carta, Juana Rivas repasa su historia, remarcando que el padre de sus hijos «fue condenado en 2009 por malos tratos» contra ella, quien, no obstante, volvió con él «después de cuatro años de separación». «Caí nuevamente en sus redes y le creí cuando me dijo que había cambiado», apunta la vecina de Maracena, que acusa a Arcuri de haberle hecho «pasar los momentos más aterradores de mi vida».

Rivas lamenta que su expareja «se ha servido de una Administración y unos Juzgados españoles que no han querido saber hasta ahora de nuestra realidad como víctimas de violencia de género, más aún, incluso sabiéndolo a través de la sentencia condenatoria por ese motivo de 2009, de la denuncia en 2016 respecto de la violencia sufrida en Italia, y de los informes psicológicos acreditativos de la violencia sufrida emitidos por profesionales al servicio de la Administración pública, no han sabido o no han querido aplicar las normas españolas y el Convenio de Estambul que dice que no se pueden tomar decisiones sobre con quien pueden estar unos hijos sin tener en cuenta esa violencia de género».

Critica que, «cuando se les ha informado --con informes de profesionales acreditados-- de que mis hijos también eran maltratados por su padre , han puesto por encima los intereses de su padre y hecho caso omiso a eso que dicen que es sagrado, el interés superior de los menores».

«¿ Dónde está el interés superior de mis hijos ? ¿Dónde están los derechos de mis hijos?», se pregunta Rivas, que agrega que su hijo mayor, que ya tiene doce años, «lleva un año pidiendo que se le escuche por un juez, o por un equipo especializado», pero «no se ha atendido su petición.

»A quienes se llenan la boca diciendo que me tienen que castigar porque no he cumplido la ley, yo les digo que siempre he respetado la ley, pero que me expliquen si existe alguna ley que diga que a una mujer que huye del maltrato y presenta una denuncia para que el Estado la proteja a ella y a su hijos, se la pueda tener más de dos años sin siquiera investigar si lo que dice es verdad y, mientras tanto, a todo lo que solicita el que es denunciado por el maltrato, con antecedentes ya sentenciados, se le dé prioridad», asevera Juana Rivas, que sostiene que sus hijos «nunca debieron ser entregados a su padre sin haberse investigado la causa de mi huida y la violencia que sufrimos».