«Italia podría haber evitado 10.000 víctimas», según el informe de un general del Ejército

Una idea central marca el contenido del informe del general Lunelli: El gobierno no tenía la bola de cristal frente a un enemigo desconocido, pero podía y debería haber hecho más. En el informe se lee que Italia sólo disponía de un «plan antiguo e inadecuado» que «no hace referencia a escenarios e hipótesis de planificación». Si se hubiera actualizado, se podrían haber evitado 10.000 víctimas del coronavirus en Italia. Las mascarillas, por citar solo un caso, era casi imposible encontrarlas al explotar la pandemia en Italia, el 21 de febrero.

En realidad, la denuncia del general Lunelli no es nueva. La fiscalía de Bérgamo indaga sobre presuntos delitos en la gestión de la pandemia. El día 12 de junio, la fiscal de Bérgamo, Maria Cristina Rota, acompañada por otros tres magistrados de su departamento, interrogó al primer ministro, Giuseppe Conte, como «persona informada de los hechos». El mismo día, los fiscales interrogaron a los ministros de Sanidad y del Interior. Esta acción judicial partió por la denuncias del comité «Nosotros denunciaremos», cuyo objetivo es conocer la verdad y que se haga justicia sobre la tragedia del coronavirus. Los familiares de las víctimas han presentado ya más de 100 denuncias en la fiscalía de Bérgamo, declarada «ciudad mártir», porque ha sido la más golpeada por la pandemia.

El comité «Nosotros denunciaremos» ha presentado denuncias también contra todos los jefes de gobierno y ministros de Sanidad italianos a partir de 2013, por no haber actualizado desde esa fecha los planes contra las pandemias.

Ante las denuncias que se han presentado en diversas partes de Italia, Conte y seis ministros han recibido notificaciones, «avisos de garantía», por parte de la fiscalía de Roma. Con esa medida, la magistratura cumplió con un «acto obligatorio» ante las denuncias presentadas. Pero la misma fiscalía de Roma procederá a archivar esas denuncias, sin darles curso, por considerarlas «infundadas». Así lo anunció ayer el gobierno en un comunicado: «La Fiscalía considera que las acusaciones son infundadas y por lo tanto deben ser archivadas».

Giuseppe Conte ha manifestado que se asume su «responsabilidad política» . El jefe del gobierno y los ministros se han mostrado disponibles para ofrecer a los magistrados «cualquier elemento útil para completar el proceso judicial, en un espíritu de máxima colaboración». Las denuncias estaban basadas en 7 artículos del Código Penal que hacen referencia a estos, entre otros, presuntos delitos denunciados: Delito de epidemia, delitos culposos contra la salud pública, homicidio, abuso de poder, atentado contra la Constitución y delitos contra los derechos políticos.