Investigan a altos cargos del tripartito de Palma de Mallorca por el vertido de aguas fecales al mar

Las indagaciones vinculadas a este caso fueron iniciadas hace un año por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, a raíz de la denuncia de un particular. En aquel momento, Truyol era la presidenta de Emaya y además también la teniente de alcalde de Ecología, Agricultura y Bienestar Animal del consistorio palmesano, en el que gobernaba un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos. El alcalde desde 2017 era el ecosoberanista Antoni Noguera , que había relevado al socialista José Hila, quien había sido el primer edil los dos primeros años de la pasada legislatura.

El llamado «caso Emaya» está siendo conducido por el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma. Para entender el contexto de la actual investigación judicial, cabe recordar que desde hace décadas se han llevado a cabo vertidos puntuales y controlados de aguas mixtas —pluviales y residuales— en la bahía de Palma, sobre todo en verano, cuando a causa de algunas tormentas estivales la depuradora de la capital balear no ha podido seguir absorbiendo todo el agua que le llegaba desde distintos puntos y ha sido necesario dar una salida a esa situación.

El proceso judicial ahora en curso se encuentra de momento bajo secreto de sumario, si bien no cabe descartar que las investigaciones del Seprona no se hayan limitado sólo a comprobar los vertidos efectuados en el pasado mandato, sino también los que fueron llevados a cabo en anteriores legislaturas, con equipos de gobierno de distinto color político, liderados por el PP o por el PSOE. En ese sentido, en el «caso Emaya» podrían acabar siendo imputadas más personas además de Truyol y de Mayol.

Una de las peculiaridades de las canalizaciones subterráneas del casco antiguo de la capital balear es que transportan al mismo tiempo aguas de lluvia y aguas fecales, por lo que los mencionados vertidos puntuales a la bahía palmesana han sido siempre de aguas mixtas. Las playas afectadas han sido normalmente dos, Can Pere Antoni y Ciudad Jardín. La pauta de actuación desde hace décadas ha venido siendo siempre la misma. Así, tras cada vertido puntual, ambas playas suelen permanecer cerradas varias horas, hasta que las analíticas que se llevan a cabo con posterioridad no garantizan que vuelven a ser aptas para el baño.

Para evitar esos vertidos de aguas mixtas en el futuro, Emaya prevé crear un depósito de laminación, con una capacidad de almacenamiento de unos 50.000 metros cúbicos de agua. Además, también está previsto construir un colector interceptor, que será una tubería de dos metros de diámetro que transportará las aguas mixtas desde el centro de Palma hasta la actual depuradora. Por otra parte, a medio plazo se contará con otra depuradora , que será una obra que ejecutará el Gobierno central.

Esas actuaciones han sido anunciadas en las últimas semanas por el actual tripartito palmesano, conformado otra vez por el PSOE, Podemos y MÉS, con el socialista Hila de nuevo como alcalde. Por su parte, Truyol sigue siendo regidora , si bien ahora sólo como responsable del área de Modelo de Ciudad. Como se ha indicado ya, Truyol habría sido imputada por el juez por un presunto delito medioambiental y , al parecer, también por un supuesto delito de malversación de fondos públicos, ya que en el pasado mandato Emaya destinó una buena parte de sus fondos a la adquisición de nuevo material para la limpieza viaria, pero no a acometer obras para solucionar el problema de los vertidos.

En cualquier caso, en el pasado mandato se tomaron ya varias medidas desde Emaya para intentar solucionar la cuestión de los vertidos al mar. Por una parte, en 2017 se recuperó el llamado canon de saneamiento, para poder disponer de fondos específicos para el mantenimiento de la depuradora y para poder hacer inversiones en ese mismo ámbito. Por otro lado, se licitaron y adjudicaron las obras de construcción del depósito de laminación y del colector interceptor, por un importe total de 22,3 millones de euros, a los que habría que sumar 2,5 millones más por otros proyectos en esa misma línea de mejora.

En ese contexto, el equipo de gobierno municipal ha emitido este jueves un comunicado en el que ha expresado su «máximo apoyo» a la gestión realizada en Emaya en la pasada legislatura y ha negado que se hubiera podido producir «algún tipo de irregularidad». Asimismo, el tripartito ha anunciado que facilitará más información a la opinión pública enseguida que sea levantado el secreto de sumario y ha señalado que colaborará con la Justicia en base a los principios de «transparencia» y «responsabilidad institucional».

Desde la oposición, la portavoz del PP, Mercedes Celeste, ha solicitado una reunión urgente con el alcalde, «para que nos diga cuándo piensa romper su silencio y salir a dar explicaciones públicas en relación a esta crisis de calado en el seno del gobierno municipal». Por su parte, el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, ha reclamado la dimisión de Truyol, en aplicación del código ético de MÉS.

«Si entienden que una acusación de malversación de fondos públicos no es corrupción, en MÉS tienen un serio problema. O no se enteran de nada o no se quieren enterar», ha denunciado Coll. De momento, la formación ecosoberanista no contempla pedir la renuncia de la edil. Por último, la portavoz de Cs, Eva Pomar, ha expresado su «máxima preocupación» ante «la gravedad de estos hechos».