Investigadores laicos esclarecerán la responsabilidad de los obispos encubridores de curas pederastas

A raíz del informe del gran jurado del estado de Pensilvania que documenta abusos de 300 sacerdotes sobre 1.000 niños en los últimos 70 años , el Papa Francisco hizo saber el jueves a través de su portavoz Greg Burke que solo hay «dos palabras que pueden expresar los sentimientos frente a esos horribles crímenes: vergüenza y dolor».

El comunicado afirma que «los abusos descritos en el informe son criminales y moralmente reprobables», por lo que «subraya la necesidad de obedecer a la legislación civil, incluida la obligación de denunciar los casos de abusos de menores». Da prioridad al aspecto penal, pues son «crímenes» además de pecados.

Según el Vaticano, « las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Quienes han sufrido son su prioridad, y la Iglesia quiere escucharlos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes».

Desde su boda por la Iglesia Moon con una surcoreana en 2001, la Iglesia tardó ocho años en expulsar del sacerdocio -y, por tanto, del episcopado- a Emmanuel Milingo. Pero solo ha tardado ocho meses en hacer lo mismo con Jozef Wesolowski en 2014 por abuso de menores como nuncio en la República Dominicana.

En Estados Unidos, la «Carta de Dallas» estableció en 2002 los mejores protocolos de protección del mundo , mientras que Benedicto XVI convirtió en normal expulsar del sacerdocio a los abusadores.

Pero ha habido encubrimiento episcopal de muchos sacerdotes delincuentes, y también, como se ha visto en el caso del antiguo arzobispo de Washington Theodore McCarrick -suspendido «a divinis» de su actividad sacerdotal y expulsado del cardenalato por el Papa Francisco el pasado mes de junio-, demasiado silencio y encubrimiento de los abusos cometidos por obispos.

En muy pocos días, el comité ejecutivo de la conferencia episcopal norteamericana ha esbozado un «plan de choque» articulado en tres procedimientos.

El primero consiste en llamar a expertos laicos para la investigación y pedir al Vaticano una visita apostólica «en coordinación con el grupo formado sobre todo por laicos seleccionados por su experiencia».

Aunque el arzobispo de Houston y presidente de la conferencia, cardenal Daniel N. DiNardo, no indicó nombres, el candidato perfecto para realizar la visita apostólica es el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, quien descubrió en cuatro días en Chile más delitos que los obispos de ese país en una década.

El segundo punto es simplificar el procedimiento para tramitar las denuncias contra obispos, mientras que el tercero es establecer «las limitaciones que se imponen a los obispos en cada fase del proceso», de modo similar a como se suspende de tareas a los sacerdotes acusados mientras dura la investigación.

Según el cardenal DiNardo, la conferencia episcopal quiere establecer estos mecanismos siguiendo tres principios : «verdadera independencia» de los investigadores «para impedir que los obispos obstruyan la investigación», respeto a la autoridad del Papa como único facultado para castigarles, y «abundante participación de los laicos» pues «aportan experiencia en tareas de investigación, aplicación de leyes, psicología y otras disciplinas relevantes».

Con palabras muy claras, el presidente de la conferencia reconoce que lo sucedido es «una catástrofe moral», y que«una de las causas de raíz es que ha fallado el liderazgo episcopal».

La investigación de los obispos por laicas y laicos independientes había sido propuesta ya por algunos de los mejores prelados americanos. Según el arzobispo de Atlanta y antiguo presidente de la conferencia episcopal, Wilton Gregory, «dada la situación en que estamos, la supervisión por laicos puede ser la única garantía creíble de que se tomen medidas reales y decisivas».

El arzobispo de Detroit, Allen Vigneron, no solo apoya el plan, sino que recuerda a todas las antiguas víctimas en su diócesis que «no hay límites de tiempo ni restricciones para las denuncias». A diferencia de lo s plazos de prescripción en el derecho penal , «ya sea 15 o 50 años más tarde, nuestra diócesis las acepta y les da respuesta».

En la línea de participación de laicos, el nuevo arzobispo de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, ha llegado a un acuerdo de colaboración con SNAP, una asociación de victimas para colaborar en la ayuda a otras víctimas y en las medidas de prevención. Aguiar Retes quiere«una iglesia en salida, que esté al servicio de la sociedad». Y que el esfuerzo como institución «no sea para que la Iglesia viva, sino para que la iglesia sirva». Tan solo si sirve tiene sentido que sobreviva.