Acusan a Sanidad y a Novartis de ocultar detalles sobre la financiación de un fármaco contra el cáncer

A finales de 2018, el Gobierno anunció la aprobación de «Kymriah », un novedoso procedimiento terapéutico, enmarcado dentro de las denominadas inmunoterapias celulares (CAR-T) que aprovechan la capacidad de las células de nuestro sistema inmunitario para reconocer y atacar el tumor. «Kymriah» es una de las dos terapias de este tipo aprobada en España y está destinada a tratar la leucemia linfoblástica aguda (LLA), un tipo de cáncer de la médula ósea y de la sangre que afecta especialmente a niños y jóvenes menores de 25 años.

Una vez aprobada, «No es Sano» y un ciudadano anónimo realizaron, a través del portal de Transparencia, una petición Sanidad para conocer su precio y los criterios terapéuticos y económicos que justificaban su aprobación. En enero de 2019, el Gobierno envió a la campaña un escrito con el precio de financiación del tratamiento, que alcanza los 320.000 euros en España .

Sin embargo, según señalan desde Salud por Derecho y OCU, en el caso de los criterios, ofreció una información genérica e incompleta que no respondía a la solicitud de No es Sano . Por ello, la campaña acudió al Consejo General de la Transparencia, organismo independiente encargado de velar por la transparencia de la actividad pública, que falló su favor e instó al Ejecutivo a facilitar esta información.

En mayo de 2019, se publicó en el Portal de Transparencia la Resolución del CTBG por la que se estima la petición y se obliga al Ministerio a proporcionarle la información solicitada. Sin embargo, señalan desde la compañía, «Novartis tuvo conocimiento de esta resolución de forma casual a través del Portal de Transparencia».

Por este motivo, Novartis ha decidido recurrir judicialmente la resolución del CTBG porque, «pese a ser la compañía que comercializa el medicamento 'Kymriah', no fue informada en ningún momento del procedimiento y, por tanto, no tuvo ocasión de ser escuchada para poder defender sus legítimos intereses ».

Además, continúan, «en este procedimiento judicial se abordarán los límites al derecho de acceso a la información pública; en este sentido, entendemos que si bien la legislación configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, este derecho debe ser ponderado y, en su caso, limitado cuando entra en conflicto con otros intereses protegidos».

Asimismo, recuerdan que este procedimiento judicial está en marcha actualmente y, por el momento, la única decisión que ha tomado el Juzgado es solicitar preventivamente al Ministerio que, en tanto no se resuelva la cuestión de fondo, no entregue la información al interesado.

Desde Salud por Derecho, su directora Vanessa López, explica en un comunicado que la resolución del Consejo de la Transparencia considera que «esta información debe estar disponible porque es de interés público». «Con este movimiento, Novartis intenta hacer prevalecer sus supuestos intereses comerciales por encima de los de la ciudadanía y, por eso, nos personamos en este proceso», añade.

Por su parte, la directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, señala que «estos medicamentos se financian vía impuestos y cada euro de más que pagamos a los laboratorios farmacéuticos es un euro de menos que deja de invertirse en otras necesidades del sistema nacional de salud. Y Kymriah es solo el primero de una amplia lista de agentes similares que están por llegar».