Inmigrantes en un laberinto sin salida

POR PEDRO PABLO PEÑALOZAFOTO: VÍCTOR INCHAUSTIMADRID. Son las 8 de la mañana y Mircea Maflei está lejos, muy lejos, de la puerta de la Comisaría General de Extranjería y Documentación en la calle de

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Son las 8 de la mañana y Mircea Maflei está lejos, muy lejos, de la puerta de la Comisaría General de Extranjería y Documentación en la calle de General Pardiñas.

Lleva más de dos horas en una fila que no avanza, pero Mircea se mantiene en pie, tranquilo, apoyado en su paciencia granítica. «Yo vine por un certificado de registro, si me dan este papel puedo trabajar en lo que quiera en cualquier parte de España», explica este rumano de 32 años.

No es poca cosa. Mircea sabe que ese papel puede ser la llave para sacarlo del paro donde se hunde desde hace cinco meses. «Conseguir un trabajo por tiempo indeterminado y bien remunerado cada vez es más difícil, la competencia aumenta y piden mucha experiencia», cuenta este vecino de Parla, que comparte piso con seis compatriotas suyos.

Llegó a España hace cinco años. Los tres primeros los pasó en la irregularidad. Durante su particular travesía por el desierto, gastó 140 euros en consultas a abogados que terminaron en nada. Además, en ese tiempo le era casi tan difícil hallar un empleo como lograr que le pagaran por los servicios que prestaba en la construcción.

«Venga usted otro día»

Ha pasado poco más de media hora y Mircea ya va por la mitad de la fila, no porque haya avanzado sino por la gran cantidad de gente que se ha ido ubicando a sus espaldas. «En varias ocasiones he ido a oficinas y la única respuesta que he recibido es: «venga otro día». Esto de los trámites aquí es muy difícil», dice.

Delante y detrás de este rumano, cientos de personas de distintas nacionalidades aguardan su turno. Muchos intercambian sus experiencias y pesares. Hay tiempo de sobra para hablar de todo. Edward Ronquillo, un peruano de 28 años, se queja de la burocracia y Marco Casalanguida, un argentino que tiene su misma edad, asiente con la cabeza. Marcos reside en Getafe, pero se vino a General Pardiñas porque «allá hay menos funcionarios y la demanda es más alta».

Llegó a la región en agosto de 2006, trabaja en una inmobiliaria y afirma, por experiencia, que «si eres extranjero es más difícil que encuentres vivienda para alquilar».

Azotados por el paro

Al escuchar el comentario, la ecuatorianaLiliana Zambrano se levanta como tirada por resortes. «A los inmigrantes no les quieren alquilar», asevera con un tono áspero.

Hasta febrero pasado, esta mujer atendía una tienda de alimentación en el pueblo de Torrelaguna, pero ahora está desocupada. Cada mañana hurga entre los avisos de los diarios tras la pista de alguna vacante. «He visto anuncios donde sólo solicitan a españolas o imponen límites de edad como, por ejemplo, los 30 años». Ella acaba de cumplir 31.

Teresa Polanco, una dominicana de 49 años, le brinda un extraño consuelo a Liliana. «La cosa se pone peor si pasas de 45», le advierte. Teresa está en la cola desde las 7 de la mañana, es morena, de pequeña estatura y emite sus palabras con rotundidad.

«Yo le agradezco a España. Aquí trabajo, el Ivima me dio una casa en el Puente de Vallecas por la que pago 200 euros mensuales y, salvo el tema de los papeles, voy bien», resume esta caribeña que cuenta dos décadas afincada en la Comunidad de Madrid.

Más leyes y más extranjeros

«Cada día hay más inmigrantes y más leyes», observa Teresa, madre de dos adolescentes y responsable de las diligencias de la familia. «Mi marido es albañil y carpintero, y si viene para acá pierde el día y se lo descuentan. Igual pasa si visita el médico. Día que no va, día que no le pagan y después debe ir el fin de semana para recuperar el tiempo».

Ahora, Teresa se encarga de los trámites para la residencia comunitaria de s u madre. «En la oficina indican que te dan los papeles en tres o cuatro meses, pero eso depende del funcionario que te toque. Una vez mi hermana vino a buscar su residencia de trabajo y tuvo que dejarla allí mismo porque ya se vencía».

Junto a la dominicana, dos jóvenes marroquíes descansan las piernas echados sobre una pared. Quizás tendrán alguna anécdota que narrar, mas el idioma se levanta como una barrera infranqueable. Responden con tímidas sonrisas al saludo de su interlocutor, y el poco español que manejan les alcanza para decir que viven en Valdemoro desde 2003, que «nos gusta España» y para construir una frase tan sencilla como contundente: «¡Nada de papeles, nada de trabajo!».

Discriminación institucional

Historias como éstas abundan en los informes que reposan en el despacho de Diego Lorente, coordinador legal de SOS Racismo-Madrid. «Los inmigrantes deben realizar los trámites en oficinas saturadas, existe una discriminación institucional muy grande», critica.

Lorente considera que la ejecución de una política migratoria que tacha de «represiva», genera el riesgo de la explotación laboral y entorpece el proceso de regularización.

El abogado sospecha que la justicia tampoco es tan ciega como la pintan. «Los casos judiciales de los extranjeros, que se elevan hasta el juzgado de lo contencioso administrativo se retrasan hasta dos años y medio», apunta, mientras recuerda el resultado de un estudio de la Universidad de Zaragoza que deja en evidencia una balanza visiblemente inclinada: el 75% de los casos contra inmigrantes concluyen en condena hacia ellos.

Lorente subraya que aunque los foráneos cumplan con sus obligaciones, «se les niega el derecho a la participación política, a votar y a ser elegidos», situación que toma una especial relevancia en ciertos municipios del sur de la región donde la población inmigrante oscila entre 30% y 40%. Las cifras oficiales arrojan que 1 de cada 6 habitantes de la Comunidad es extranjero.

Difícil integración

Volvemos a la cola de General Pardiñas. Allí también está Wale Beyne, un etíope de 25 años que vive en Legazpi con algunos paisanos y su esposa, que se le unió en Madrid hace un mes. Soportó tres años sin papeles, dos más trabajando con restricciones y hoy está feliz, ganando 900 euros mensuales «en un puesto que tiene todos los derechos», acota.

Wale se ha dedicado a la albañilería, aunque en su país se licenció como informático. «Quiero seguir estudiando aquí, pero ahora no tengo tiempo por el trabajo, lo intentaré luego», promete. Su prioridad es seguir luchando para poder traer a su hijo. «El niño tiene dos años, se quedó con mis padres, y espero que pueda estar aquí con nosotros dentro de tres años».

Cada paso debe ser planificado para evitar inconvenientes, pues sólo se cuenta con la fuerza propia. «Si no tienes familia aquí es más duro», reflexiona Wale, quien lamenta que los inmigrantes africanos estén menos organizados que otros grupos.

Ese «peso» lo ha cargado sobre sus espaldas una mujer senegalesa de 26 años que también está hoy en la fila de la calle de General Pardiñas. Perdió su pasaporte hace 18 meses y ha sufrido en carne propia los tormentos que devienen del extravío de un papel. «Uno tiene problemas con el idioma y se da cuenta que hace falta un poco de tolerancia».

Ella sólo ruega que a la burocracia le brote un corazón. «Es necesario que alguien se meta en tu situación, que trate de entenderte, porque a veces nadie te quiere escuchar».