Fernández-Miranda (a la derecha) conversa con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel (a la izquierda) y el consejero de Trabajo, Gómez-Fayrén. Efe

Los inmigrantes ecuatorianos vendrán a España con un contrato laboral firmado en su país

Los ecuatorianos que a partir de este año vengan a trabajar a España lo harán con un contrato laboral bajo el brazo. Esta es la última cláusula que ha decidido añadir el Gobierno en el convenio que firmará el próximo día 24 con Ecuador. El accidente de Lorca ha motivado que el Ejecutivo incorpore esta novedad para evitar, entre otras cosas, la contratación ilegal de inmigrantes.

MADRID/MURCIA. M. Oliver, S. Córcoles
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Los inmigrantes ecuatorianos vendrán a España con un contrato laboral en mano firmado en su país. Esta es la novedad del convenio que el Gobierno español firmará el próximo día 24 con Ecuador en Quito. El accidente de Lorca, en el que murieron doce personas de nacionalidad ecuatoriana, y la consiguiente polémica acerca de la contratación ilegal de extranjeros para la recogida de cultivos, ha motivado que el Ejecutivo modificara el documento que tiene previsto firmar en aquella capital dentro de dos semanas.

El Gobierno pretende evitar así que los empresarios puedan «contratar» inmigrantes en situación irregular, que después acaban siendo explotados. Esta iniciativa obligaría a los propietarios de negocios a expedir una solicitud de contratación a Ecuador o España, para que sean los propios gobiernos quienes decidan dónde, cómo y bajo qué condiciones trabajarán los inmigrantes que decidan venir a nuestro país para empezar una nueva vida. De esta manera, se podría resolver la situación de estas personas, al mismo tiempo que se conseguirían nuevas oportunidades para ellos.

MANO DE OBRA

El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, se reunió ayer con empresarios de Murcia, a los que solicitó que «concreten sus necesidades de mano de obra y pongan sobre la mesa el número de contratos que necesitan rellenar». Asimismo, recordó que la reforma de la ley de Extranjería va encaminada a «endurecer las sanciones que quieran explotar a los trabajadores». Los empresarios, por su parte, señalaron que las necesidades de trabajo giran en torno a la contratración urgente de unas 10.000 personas, ya que ya ha comenzado la recogida de verduras y hortalizas, como el brócoli o el tomate.

El secretario de Estado, además, animó a todos los inmigrantes que se encuentren irregularmente en España a que regresen a sus países para resolver su situación. Fernández-Miranda aseguró que «queremos que los inmigrantes estén como ciudadanos de primera y que solucionen su situación. Les animamos -añadió- a que vuelvan a su país para solucionar el problema que tengan con su situación en España y les pondremos todas las facilidades para que vuelvan como ciudadanos legalizados». Además, dejó claro que «no habrá nuevos procesos de regularización», por lo que no habrá «necesidad» de presentar ningún papel nuevo, al tiempo que aseguró que la Administración «volverá a revisar los expedientes que fueron denegados». El secretario de Estado también anunció la creación de un Consejo Superior para la Inmigración con representantes del Gobierno, Comunidades y Ayuntamientos, que trabajará de forma paralela al Foro de la Inmigración, al que se adherirán diez ministerios. También anunció que el Gobierno estudia modificar la composición del Foro para la Integración de los Inmigrantes, creado en 1995, órgano en el que «existirá el mismo número de ONG, sindicatos y asociaciones de inmigrantes».

Por su parte, el presidente de Murcia, Luis Valcárcel Siso, manifestó que su región ha sido pionera en políticas laborales y sociales en temas de inmigración. «Podemos ofrecer puestos de trabajo, queremos tener situación legal y lo haremos hasta el punto que seamos capaces de ofrecer empleos. Hay todavía un millón y medio de españoles desempleados, un millón de españoles que han emigrado y de los que muchos quieren volver».

500 MUERTOS EN EL ESTRECHO

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Adpha) calcula que unos 500 inmigrantes han perdido la vida en el último año intentando alcanzar las costas peninsulares a bordo de embarcaciones tipo patera, aunque asegura que sólo se han recuperado los cuerpos de 250 personas. Según los datos, entre 400 y 500 inmigrantes, entre subsaharianos y marroquíes, han perdido la vida en la zona marítima del Estrecho de Gibraltar intentando entrar de forma clandestina a España La organización señala que, además, otros 15.000 inmigrantes han sido expulsados en las costas de Cádiz al ser sorprendidos ilegalmente en este lugar por los agentes de la Guardia Civil que custodian la zona.

Por otra parte, agentes de la Guardia Civil interceptaron un total de 107 inmigrantes magrebíes en aguas de Cádiz y en distintos puntos del Campo de Gibraltar. Las operaciones se desarrollaron en tierra y mar. La primera detención se produjo a las dos de la madrugada del miércoles, a 1,5 millas al sur de Tarifa, donde se localizó a una patera con 37 inmigrantes. Dos horas más tarde, a una milla del Faro de Tarifa, se interceptó una embarcación con 49 personas. Además, entre otras actuaciones, la Guardia Civil detuvo a un grupo de 17 inmigrantes ilegales, en una zona conocida como el Kilómetro, en Algeciras.