Igualdad rectifica el «decretazo» sobre violencia de género

Lo que inicialmente se iba a votar como Real Decreto Ley, ahora se tramitará como proyecto de ley, según han confirmado a ABC fuentes parlamentarias. Ello implica que los grupos políticos podrán presentar enmiendas y alternativas a las medidas, algunas de ellas cuestionadas por diferentes asociaciones jurídicas, por su posible inconstitucionalidad. Todo apunta a que tendrá que cambiar algunas de estas cuestiones.

La mayoría de los grupos políticos habían condicionado su voto favorable en la Cámara Baja a que el «decretazo» se tramitara como proyecto de ley y así poder presentar enmiendas. Si no hubiera sido así, los populares incluso habían amenazado con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Igualmente, Ciudadanos había criticado que se utilizara el trámite de urgencia para aprobar una norma, cuando no hay una necesidad apremiante para su entrada en vigor.

La polémica sobre el giro inesperado que los socialistas dieron a su política contra la violencia de género saltó el pasado 3 de agosto. Hasta entonces, y antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, la mayoría de los grupos políticos habían firmado un año antes el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un documento de 213 medidas.

Sin embargo, sin tener en cuenta este acuerdo, el Consejo de Ministros aprobó mediante un Real Decreto Ley una serie de modificaciones que dinamitaron el acuerdo. Cambios de enorme calado que merecieron el rechazo de los grupos.

La primera modificación afecta a una ley tan sensible como el Código Civil, en concreto al artículo 156, y a la potestad de los padres para que los menores puedan recibir atención sicológica. Los socialistas querían cambiar esta norma para que, a partir de la entrada en vigor del «decretazo», los menores pudieran recibir atención sicológica sin el consentimiento de los dos progenitores.

La segunda modificación de calado hacia referencia a la Ley Integral contra la Violencia de Género. En este punto, el Gobierno socialista quería conceder a los servicios sociales de los ayuntamientos la potestad de decidir si una mujer tiene la condición de víctima de la violencia machista, sin que mediara resolución ni medida judicial alguna.

La portavoz del PP en temas de Igualdad del PP, Marta González, confirmó a ABC que se «replantearán» la presentación del recurso de inconstitucionalidad, ya que sus críticas estaban «más en la forma que en el fondo». Igualmente, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Reyes , mostró su satisfacción por la rectificación del Gobierno «y por darnos la oportunidad» de mejorar el texto.