Iglesias no sabe cuántas residencias de ancianos intervinieron las comunidades autónomas

Así lo especifican las directrices que elaboraron Sanidad y Derechos Sociales durante los compases iniciales de la pandemia. El 24 de marzo, con el virus desbocado en los centros asistenciales de mayores, se publicó una orden en el BOE que facultaba a los ejecutivos regionales a intervenir aquellos geriátricos en los que la situación fuera insostenible y comunicárselo tanto al gabinete de Illa como al del vicepresidente segundo. « Realizada la intervención oportuna, se notificará la misma con indicación sucinta del establecimiento en el que se produjo la incidencia, situación abordada, medios activados y situación final, a los Ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y para la Agenda 2030», expone la orden SND/275/2020, de 23 de marzo.

No obstante, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, admite que allí no tienen constancia de que alguna Comunidad Autónoma les haya avisado en el momento en el que intervinieron una residencia de ancianos . «No consta en este ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que se haya recibido, por parte de ninguna comunidad autónoma, notificación alguna de la autoridad competente respectiva comunicando la asunción del control de cualquier residencia de ancianos en su respectivo territorio», afirma Álvarez en su respuesta a una consulta ciudadana recibida a través del Portal de Transparencia y a la que ha tenido acceso ABC.

Álvarez sostiene que las regiones sólo deberían informar a su Ministerio en unos supuestos, recogidos en el apartado quinto de dicha norma. La orden establece, textualmente, que las regiones deben tomar el control e informar de ello ante la «imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales, circunstancias físicas o de otra índole» de cumplir con las medidas específicas ordenadas para frenar la pandemia o ante «cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro la integridad y sostenimiento del servicio que se presta». El propio Iglesias admitió, el mismo 19 de marzo, al comparecer para anunciar las medidas a tomar en residencias, que la situación era insostenible en algunos centros: «Sus plantillas están desbordadas, en muchos casos no han dispuesto de los equipos protección necesarios para atender a personas positivas por coronavirus y ha habido, por desgracia, casos de contagios y fallecimientos de residentes en algunos de estos centros».

Encontrar una cifra oficial de los muertos en residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia es prácticamente imposible. El Ministerio de Sanidad, que no se ha caracterizado durante esta crisis sanitaria por ofrecer unos datos claros o transparentes, tampoco ayuda a esclarecer la incógnita. No obstante, El País citó un informe interno, precisamente de la secretaria de Estado de Derechos Sociales, que eleva la cifra de fallecidos en residencias asistenciales -tanto de ancianos como de discapacitados- por encima de los 20.000 durante la primera ola. Queda claro, al calor de estos datos del gabinete de Iglesias, que algo falló en las residencias y que fueron numerosísimas las que no pudieron tomar medidas para controlar la pandemia u ofrecer un servicio asistencial de manera segura, justamente por las circunstancias que expone la norma citada por Álvarez. Pese a las evidencias, el secretario de Estado de Derechos Sociales echa balones fuera y remite al solicitante de la información a las distintas comunidades autónomas si quiere recabar esta información.

La afirmación del secretario de Estado de Derechos Sociales no concuerda con las versiones del mismo asunto que ofrecen algunas regiones. Y no hace falta escarbar demasiado. Es suficiente con lanzar la misma pregunta, pero al revés, a las autonomías: «Listado de residencias de ancianos en las que la autoridad competente regional asumió o comunicó al Ministerio que tomaría el control en virtud de la orden SND/275/2020, de 23 de marzo». La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, a través de una resolución vía Transparencia, expone que lo hizo hasta en seis ocasiones durante la primera ola. De igual modo ofrece el nombre de la residencia, la localidad en la que se encuentra y la fecha en la que la empezó a gestionar la Administración regional. Se trata de los siguientes geriátricos: «Valle del cuco» -en Adrara de Haza (Burgos), intervenido el 25 de marzo-, «Reina Amalia II» -Briviesca (Burgos), el 17 de abril-, «El Roble» -Caboalles de Abajo (León), 1 de abril-, «Caracillo» -Ciudad Rodrigo (Salamanca), 1 de abril-, «Tomás Mateos» -La Fuente de San Esteban (Salamanca), 24 de abril- y «Santa Inés» -La Fuente de San Esteban (Salamanca), 24 de abril-.

Con las órdenes dictadas al inicio de la pandemia como marco de referencia, la respuesta del gabinete de Iglesias en una mano y la de la Junta de Castilla y León en otra, algo no cuadra. O bien el Ministerio de Derechos Sociales dice no saber cuántas residencias fueron intervenidas para esconder una información pública; o bien el vicepresidente no hizo su trabajo y no fue capaz, después de ordenar a las autonomías que tomaran el control de los centros donde la situación fuera insostenible, de controlar su actuación durante la pandemia pese a haberse erigido como el líder dentro del Gobierno a la hora de dar respuesta a la emergencia sanitaria que sufrieron los centros de mayores españoles.