El Hospital de Sant Pau admite que practica abortos «en situaciones extremas»

El hospital barcelonés ha elaborado un protocolo de derivación de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) al Hospital del Mar y al Vall d'Hebron de Barcelona, después de que la fundación, en la que se encuentra representada el Arzobispado, aprobara prohibir los abortos voluntarios tras la presión mediática provocada por la noticia destapada en ABC .

No obstante, en el centro sí se realizan abortos médicos con el beneplácito de la representación eclesiástica en el patronato. «Tú tienes una madre que tiene un riesgo vital, tu vida corre peligro, tu feto es inviable, entonces se practica una interrupción médica del embarazo», ha señalado el gerente del Sant Pau, Xavier Corbella.

«No rehuímos la responsabilidad médica, que se da en circunstancias muy particulares, y que son 8 ó 9 casos al año a lo sumo», ha aclarado Corbella, quien ha explicado que los casos excepcionales, y que el hospital recoge en un documento, son seguidos por el comité asistencial y la comisión médica, bajo los protocolos aprobados. «Si vienes como mujer a realizar una interrupción voluntaria del embarazo», el caso se derivará a otro centro, pero ha justificado que el nivel de excelencia de la unidad maternoinfantil del hospital obliga a atender casos complejos que, en algunos casos, requieren un «aborto médico».

En un documento interno, el centro asume la interrupción del embarazo «en el caso de enfermedades maternas graves en las que el embarazo puede ser, con alta probabilidad, la causante de un desenlace fatal, justificado con informes detallados y apoyados por literatura científica actualizada». También se asume la resolución de aquellos casos en los que se diagnostique una «anomalía fetal» que de forma altamente frecuente se asocie con una muerte fetal o neonatal a corto plazo, y también en aquellos casos de dolencias graves e incurables en las que el desarrollo neurológico impida una vida consciente y de relación con probabilidad de dependencia extrema y persistente.

No obstante, el Sant Pau renuncia de forma explícita a abortos por cuestiones de enfermedades cromosómicas, como el síndrome de Down y el de Turnessr, independientemente de que implique una discapacidad física o psíquica, pero con excepción de casos en que se presenten marcadores adicionales de gravedad de los apartados anteriores.

El año pasado, el Patronato de la Fundación de Gestión del Sant Pau, que cuenta con Arzobispado, Ayuntamiento y Generalitat -con mayoría esta última-, aprobó derivar las IVE a otros hospitales y dejar de practicar abortos voluntarios. De todas formas se acordó elaborar un protocolo para garantizar el derecho que reconoce la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva, pero en otros centros.

En junio del año pasado, el Arzobispado comunicó públicamente que vela por que el hospital no practique abortos, y señaló que el centro nunca ha pedido la acreditación como centro autorizado para la práctica de interrupciones del embarazo. Según el nuevo gerente del Sant Pau, el Arzobispado admite los casos extremos contemplados en el documento y argumenta: «Este centro no practica -la interrupción voluntaria- porque tiene esta condición de que en el patronato está la Iglesia y, por tanto, se acoge a la objeción y nosotros estamos totalmente de acuerdo y los profesionales también». «Otra cosa es que los profesionales lo que sí que no encontraríamos normal es no poder realizar una interrupción médica del embarazo cuando la vida de la enferma corre peligro o el feto porque es una actitud médica un procedimiento médico», ha señalado Corbella.

La derivación de casos voluntarios a otros hospitales de la capital catalana ha generado malestar entre los profesionales del servicio de ginecología de los citados centros por ver aumentada su carga de trabajo y su disconformidad de erigirse como centros de referencia en la materia, han explicado médicos a Ep.

Preguntado por la cuestión, el Arzobispado se ha remitido a la Consideración del embrión humano, emitida por el Instituto Borja de Bioética de la Universidad Ramon Llull (URL) a favor de la vida, pero que entiende situaciones graves extremas. De hecho, el texto señala: «En caso de conflicto grave, estamos a favor de la decisión responsable y tomada en conciencia por parte de los afectados».

El Instituto admite que en caso de despenalización de la interrupción del embarazo en ciertos supuestos de conflicto grave que hacen prever un futuro de dolor y sufrimiento para los implicados, se comprende la intervención como un gesto de comprensión y acogida hacia las personas que se encuentran en circunstancias difíciles, concluye.