La historia de un despropósito en Villar de Cañas

Como Luis María, hubo otros de cuyo nombre no quiero acordarme que montaron más negocios: un estudio de ingeniería y arquitectura, una tienda de comestibles, un bar, una clínica dental o una pensión. Y algunos más compraron terrenos «en previsión de...». Al fin y al cabo hay que insistir en ello: era el momento.

El 30 de diciembre de 2011, en el segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy se había elegido a Villar de Cañas entre ocho pueblos candidatos como sede del Almacén Temporal Centralizado (ATC) que sellaría todos los residuos nucleares del país . Un magno proyecto de 1.500 millones de euros, billete arriba, billete abajo, en una comarca carcomida por la despoblación.

De repente, más de 200 personas se ganaban el jornal mejorando las carreteras de acceso a Villar de Cañas. O construyendo tres grandes edificios que acogerían un vivero de empresas con auditorio incluido, unos laboratorios medioambientales y las oficinas de Enresa (la empresa pública que en España gestiona los residuos radiactivos). El siguiente paso era levantar el almacén nuclear en un terreno vallado de 54 hectáreas, situado a dos kilómetros exactos del casco urbano.

En 2015 se celebraron elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page sacó 15.245 votos menos que María Dolores de Cospedal, pero gracias a Podemos pasó a gobernar la Junta de Comunidades. Desde la oposición Page ya se había manifestado en contra del almacén nuclear , al que asociaba con Cospedal. Lo más curioso es que años atrás la propia Cospedal también rechazaba el proyecto porque la región «ya ha sido muy solidaria en materia nuclear». Luego «se tragó sus palabras», siendo «la única política que, al menos, nos ha escuchado», asegura Carmen Barco, la secretaria del Ayuntamiento.

Volviendo a Page, una de sus primeras acciones como presidente fue torpedear el ATC. No sorprendió. Primero se vertieron dudas sobre la ubicación. «Los terrenos de Villar de Cañas presentan enormes inconvenientes técnicos», sigue manteniendo el actual consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, que añade: «La decisión -de elegir a Villar de Cañas- se tomó exclusivamente desde un punto de vista partidista». El alcalde, José María Saiz, lo niega y afirma que no hay ningún informe negativo del Consejo de Seguridad Nuclear.

En paralelo, la Junta aprobó ampliar la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la cercana Laguna del Hito. En ese momento se paralizaron las obras del ATC. En ese momento el Gobierno de Rajoy no hizo nada , cuando podía haber declarado el proyecto de interés general. En ese momento empezó una guerra judicial que aún sigue cinco años después.

En 2018 una moción de censura echó a Rajoy de La Moncloa. Pedro Sánchez ocupó su lugar. La nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que se paralizaba el permiso de construcción del ATC y Page lo celebró interpretándolo a su manera: «Todo el procedimiento del basurero encerraba mucha más basura que la nuclear», asegurando que detrás de su construcción «había un interés espurio bastante inconfesable que, espero, podamos conocer con el tiempo». Nada más se ha sabido.

También en 2018 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha falló en contra del Ejecutivo de Page y anuló la ZEPA por entender «que la única intención (...) no era proteger a las aves, sino paralizar un proyecto nacional que no interesaba políticamente al gobierno regional». La Junta presentó un recurso al Supremo, pero este no solo ha ratificado hace unos días lo dictado por el TSJ, sino que además acusa a la administración de «desviación de poder». El alcalde de Villar de Cañas estudia si denunciar a Page «por prevaricación».

En esta historia interminable la batalla del tan manido «relato» es importante. La Junta lleva años prometiendo que hay un plan B al ATC en la comarca de la Mancha Alta. «Frente a un cementerio nuclear nosotros tenemos un proyecto limpio, un proyecto que apuesta por el medio rural», dijo esta semana la delegada en la provincia, María Ángeles Martínez. De hecho, el viernes la Administración regional aprobó la instalación de un parque eólico en la zona, con una potencia de 100 megavatios y una inversión de 47 millones de euros.

Además, el pasado enero el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, se reunió con 13 alcaldes (entre ellos el de Villar de Cañas) para anunciarles que se había pedido a Red Eléctrica Española la apertura de dos líneas de alta tensión para evacuar una potencia de cerca de 950 megavatios en instalaciones fotovoltaicas. La inversión será de cientos de millones de euros y se crearán más de 500 empleos directos, mantienen desde la Junta. Sin embargo, preguntados por cuándo será una realidad, se remiten a la Planificación Energética 2021-2026, cuya responsabilidad es del ministerio.

Mientras, el ATC sigue siendo una incógnita. «La Junta vende que se ha acabado, pero a nosotros nadie nos ha comunicado nada», dice Alejandro Pernías, concejal en Villar de Cañas. El alcalde está convencido de que «se va a hacer» por dos razones. Primero, porque España paga a Francia unos 75.000 euros diarios por almacenar los residuos y, por tanto, necesita una instalación de este tipo. Segundo, porque precisamente el tiempo juega a favor de este pueblo conquense, donde «todo el trabajo previo está hecho». No está demás recordar que en diciembre de 2004 el Congreso de los Diputados aprobó que el ATC era la solución «más adecuada» para sellar los residuos nucleares, y que en 2006 el Gobierno de Zapatero dio «prioridad» a su construcción.

En Villar de Cañas (ahora son 404 empadronados) ya no hay estudio de ingeniería y arquitectura, ni tienda de comestibles, ni clínica dental. «Solo quedo yo», reconoce Luis María, que hizo una reforma en el hostal para atraer a otro tipo de clientes y marcha «a trancas y barrancas». «Imagino que al final construirán el ATC, pero el daño ya está hecho», suspira, resignado.