Hasta 3 años de espera para que acrediten que tienes una discapacidad y puedas acceder a un trabajo

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), al grito de «la espera desespera», ha congregado a Carlos, Manuel, Emilia y tantas otras personas que se encuentran aún en la «espera intolerable» de que se les reconozca su grado de discapacidad. Si no obtienen esa valoración, dicen, es imposible conseguir un trabajo porque las empresas que los contraten no pueden acceder a las ayudas pertinentes del Estado.

Uno de esos casos, y que este martes encabezaba la fila reivindicativa en Santiago de Compostela, es el de Ricardo Mareque , que ha manifestado que ha tenido que esperar 16 meses para que le fuese concedido un grado de discapacidad del 67%. Además, aunque reconoce que no ha sido su caso porque el sí puede valerse por si mismo, ha criticado también que, una vez concedida la discapacidad, la administración tarda «meses o hasta un año» en poner a disposición de esa persona los medios necesarios para que sea atendida. Una situación que, ha añadido, padecen especialmente las personas mayores.

En esta misma línea, ha denunciado que hay personas que fallecieron antes de ser resuelta la petición y que han tenido que estar «todo el tiempo de espera» sin recibir apoyos en el momento en que los necesitaban.

Con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en el marco de la campaña #EsperaYDesespera, la organización ha formado estas filas para simbolizar las esperas que deben asumir las personas con discapacidad para «poder acceder a sus derechos debido a los retrasos existentes». Además del movimiento asociativo y personas afectadas por los retrasos, han participado en esta protesta el secretario de Finanzas de Cocemfe, Daniel-Aníbal García; el presidente de Famma Cocemfe Madrid, Javier Font ; la presidenta de la Asociación Síndrome 22q11, Aldha Pozo ; la presidenta de Confesq, María López Matallana ; la presidenta de ALDE, Ana María Martínez Ortega; el vicepresidente de la Federación Nacional Alcer, Manuel Arellano , y la vocal de la Coordinadora Nacional de Artritis, María José Artero.

De igual modo, Manuel Muñoz García y Carlos Cobo , dos afectados, han explicado a través de su testimonio los retrasos a los que se enfrentaron para tener el certificado de discapacidad y la necesidad de que se apruebe el nuevo baremo de discapacidad.

Al respecto, Cocemfe ha explicado que el tiempo de espera es variable dependiendo de la comunidad autónoma, pero ha lamentado que «incluso dentro de un mismo territorio o una misma provincia se encuentran diferencias notables al respecto».

«En la misma ciudad puedes encontrar un tiempo de espera medio de 11 meses y personas que tardan hasta 36 meses en conseguir tener la valoración» , ha criticado, para advertir de que en los casos más graves hay personas que «han fallecido antes de tener la resolución y han tenido que estar durante todo ese tiempo de espera sin recibir apoyos en el momento en que más los necesitaban».

Por su parte, el Movimiento Asociativo de Cocemfe ha hecho hincapié en la importancia de «concreción y rapidez» en estos trámites para saber si las personas con discapacidad van a tener acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo.

Por otro lado, la Confederación ha lamentado que a todo esto se suma el nuevo baremo de discapacidad, cuya espera asciende a más de 20 años, desde el año 2001. Consideran que el baremo está «desfasado» desde hace 21 años, cuando la OMS aprobó la clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y desde que en 2006 las Naciones Unidas aprobaran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. «No podemos esperar más», han lamentado.

Por ello, ha pedido poner en marcha de forma «urgente» este baremo consensuado que incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor o enfermedades reumatológicas, entre otras. «No recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad en tiempo perjudica a las personas con discapacidad en el empleo, la educación, la accesibilidad, la salud y también impide acceder a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades. Es un sistema de derechos al que se nos impide acceder», han subrayado miembros de la organización en la lectura de un manifiesto.