Greenpeace bloquea el acceso a la sede de El Pozo en Murcia para denunciar sus macrogranjas

Con mensajes como #MacrogranjasNO, moratoria ¡YA!, activistas y escaladores de la organización han «tomado» distintas zonas de las instalaciones, para poner en evidencia la empresa que en España más se está beneficiando del destructivo negocio de las macrogranjas . Asimismo, han solicitado una reunión para pedir a esta empresa que no abra nuevas macrogranjas –ni amplíe las existentes- y que desarrolle un plan de reducción del número de animales explotados, como única forma eficaz de reducir el brutal impacto ambiental de la marca.

«Antes de venir, hemos pedido información a la empresa sobre sus medidas de protección ambiental y su respuesta es irrisoria. No podemos permitir que empresarios como el Sr. Fuertes, que factura más de mil millones de euros al año, se hagan multimillonarios a costa de envenenar el agua y comprometer la salud del planeta», explica Luís Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura y ganadería de Greenpeace España. «Entendemos que esta instalación da trabajo, y respetamos a la plantilla, pero la única verdad es que cada vez hay menos ganaderos en el país, porque todo queda en manos de menos familias que crían ingentes cantidades de animales para alimentar el negocio de unos pocos».

Según la propia empresa manifestaba en 2018, sus líneas de producción procesan un millón y medio de kilos de carne al día, lo que supone un daño ambiental insostenible. Solo esta empresa facturó 1.278.781.337€ en 2020 siendo la empresa cárnica que más facturó este año. Según aseguraba la familia Fuertes en 2018, se encuentran entre las 40 empresas más ricas de España y entre los 25 principales productores cárnicos del mundo.

Cefu, la rama productiva del Grupo Fuertes, según ha podido averiguar Greenpeace a través de las autorizaciones ambientales integradas, cuenta con 29 explotaciones propias , tres en Andalucía, 12 en la Región de Murcia y 14 en Castilla La Mancha, además de cerca de 700 integradas, según información de la propia empresa.

España no es precisamente un país al que le sobre el agua y la ciencia ha advertido que cada vez tendremos menos. Sin embargo, empresas como El Pozo, lejos de respetar este recurso vital, lo están contaminando irreversiblemente, exponiendo también a toda la población a un grave riesgo sanitario. Por otro lado, según los últimos datos del Miterd, el sector agrícola fue el único que incrementó sus emisiones en 2020 y es ya el tercero que más contribuye a la crisis climática, en gran medida debido al incremento de las emisiones del sector ganadero. Cabe destacar que el sector agrícola es el responsable del 63% de las emisiones totales de metano y la ganadería del 98% de estas.

El número de cerdos en el país no para de crecer. En 2020 ya sobrepasaban los 32 millones , con un brutal crecimiento del 21,5% en sólo cinco años. Curiosamente, el propio Gobierno reconoce que la contaminación media por nitratos aumentaba un 51,5% en ese periodo, solo entre 2016 y 2019. La situación ha llegado a tal punto que la Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Nitratos, lo que podría terminar en una multa millonaria, que pagará la ciudadanía y no los que contaminan como El Pozo y compañía.

«La connivencia entre empresas y administraciones nos deja a todas las personas vendidas, en una situación de total indefensión. Ante la falta de controles, la semana pasada, Greenpeace lanzaba un informe recopilando las mediciones voluntarias de nitratos elaboradas por entidades de todo el país y los datos son demoledores: más de la mitad de las aguas subterráneas analizadas por la Red Ciudadana de Vigilancia están contaminadas por nitratos. Hacen falta medidas valientes, contundentes y que se adopten con carácter de urgencia».