El Gobierno vasco bendice la «ley Celaá» convencido de que blinda su autonomía educativa

En el Departamento de Educación, que dirige el exsenador Jokin Bildarratz , defienden que el impacto sobre el mapa escolar vasco será menor. «Nos han prometido que no lo vamos a notar», asegura el portavoz de una de las Ampas de mayor peso de la red concertada, que aglutina a cerca del 50% del alumnado vasco. El organizado ecosistema escolar vasco, tan beligerante contra la «ley Wert», no se ha sumado a las movilizaciones del resto de España contra la «ley Celaá».

El mensaje reinante es de tranquilidad y confianza en que el Ejecutivo vasco tendrá un ancho margen de maniobra para adaptar la norma general, que rige para toda España, a su sistema educativo. Dicho de otro modo, que el modelo vasco, que la ministra Isabel Celaá conoce bien porque fue consejera vasca de Educación (2009-2012) no está en riesgo, más bien se blinda. Niegan que esté en cuestión la libertad educativa, como denuncian PP, Vox y Ciudadanos, y aseguran que los padres podrán seguir eligiendo el centro escolar. «Los dos mapas educativos público y privado se mantienen», insisten.

Para el PNV, la mera derogación de la «ley Wert», a la que el nacionalismo recibió de uñas, es un bien en sí mismo. « Ha sido muy dañina , todo lo que sea dejarla atrás es mejorar», apuntan en el principal partido vasco, y socio de Gobierno de Sánchez. La Lomloe, además, supone un «reconocimiento a la plurinacionalidad», o lo que es lo mismo, el reconocimiento a la «realidad nacional vasca» insisten los nacionalistas tras la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza.

Aunque afirman que la «ley Celaá» tampoco es la ideal -el Gobierno vasco quiere aprobar su Ley educativa en 2023-, si celebran que se les confiera a las comunidades mayor autonomía para diseñar el currículo educativo (hasta un 50%) o que desaparezcan las reválidas (por las que el Ministerio se aseguraba un mayor control sobre el contenido a examen).

Y sobre todo, los nacionalistas valoran que la nueva normativa respetará su potente sistema de becas de la educación no universitaria, que el Gobierno de Rajoy llevó a los tribunales en 2016 por considerar que se discrimina a los alumnos de comunidades con menos recursos. «Quieren igualarnos con España por abajo», bramó entonces el lendakari Urkullu. En junio de 2019 el Tribunal Supremo dio la razón a la Abogacía del Estado. Para el Ejecutivo de Vitoria era crucial la entrada en vigor de la nueva ley orgánica porque blinda su programa de becas, que en 2021 estará dotado con 105, 5 millones . El presupuesto de educación del Gobierno vasco para el próximo curso es de 3.108 millones.

En cambio, el otro gran punto polémico de la «ley Celaá», la eliminación del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, una condición impuesta por ERC para aprobar los Presupuestos Generales , ha sido recibido por el nacionalismo vasco, sin embargo, con mayor frialdad. ¿Por qué? Es cierto que para el PNV tiene su valor simbólico en lo que supone de «reconocimiento de la plurinacionalidad», o traducido, de reconocimiento de la « realidad nacional vasca ». Pero en la práctica, el modelo lingüístico está más que asentado. Según apuntan, en el sistema público el 80% de las familias elige matricular a sus hijos en el modelo D ( toda la enseñanza en euskera, salvo el castellano y el inglés) frente al modelo A (todo en español, salvo el euskera y el inglés) y el modelo B (híbrido).

Quienes sí temen la «ley Celaá» son los seis centros de educación diferenciada que existen en el País Vasco, religiosos . «Nosotros lo vivimos más intranquilos», señala un portavoz a este diario, aunque mantienen la esperanza de que el Gobierno vasco proteja su estatus, no se sabe bien cómo. La «ley Celaá» prohíbe que se sufraguen con fondos públicos. Así que fían todas sus opciones a los recursos que PP y Vox han anunciado ante el Tribunal Constitucional.

En principio, las federaciones vascas de educación, que no han secundado las movilizaciones que han tenido lugar en otros puntos del país, e speran poder reunirse en enero con la Consejería para explicarles el proceso de implantación de la nueva ley y prepararse para el próximo curso escolar.