El Salvador niega la extradición a España a uno de los militares implicados en la masacre de cinco jesuitas

Benavides, junto a los sargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo y el cabo Ángel Pérez Vásquez, fue detenido el pasado 5 de febrero cuando las autoridades salvadoreñas procedieron a ejecutar las órdenes de captura contra 16 militares , ubicados en El Salvador, a petición de la Audiencia Nacional de España.

«Creo que la Corte en pleno, después de un minucioso y exhaustivo análisis, ha tomado la decisión oportuna y coherente (...), y qué bueno que se haya tomado de esa manera», dijo a la prensa el otrora dirigente guerrillero.

Remarcó que el Gobierno respeta «totalmente» la decisión del Supremo porque evita que «se nos vaya a debilitar, pulverizar y desarticular» el proceso de paz y democracia iniciado con la firma de los acuerdos que dieron fin a la guerra civil (1980-1992).

Asimismo, aseguró que «no cabe» en este contexto decir que el crimen, en el que también fueron asesinados tres salvadoreños, queda en la impunidad .

El magistrado Ramírez Murcia, quien también expuso que la Corte, decidió que el coronel Benavides «debe pasar a un centro penal a cumplir la pena» de 30 años impuesta en un juicio por la masacre entre 1991 y 1992, y de la que solo cumplió una parte.

Explicó que entre los elementos que llevaron a la resolución está la reciente nulidad de la Ley de Amnistía de 1993 , que impedía investigar los crímenes a humanidad cometidos durante el conflicto.

«En este caso desaparecía el sustento (de la justicia española) de que había impunidad» por la existencia de la Ley de Amnistía, pero, anulada esta, «queda en manos de las autoridades fiscales (salvadoreñas) la persecución o esclarecimiento» del hecho, explicó.

La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y mató a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López.

En el hecho, ocurrido en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992), también fueron asesinadas la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.

La guerra que enfrentó al Ejército salvadoreño, financiado por el gobierno estadounidense , y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, acabó con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos .