El Gobierno retira el recurso contra la exigencia de catalán a los sanitarios en Baleares

Cabe recordar que el 23 de marzo de este año el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol había aprobado el decreto que regula el conocimiento de catalán que deberán tener los médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería que deseen trabajar en la sanidad pública isleña a partir de ahora. El citado decreto estableció, en su versión definitiva , que se podría presentar a las distintas oposiciones previstas por el IB-Salud en 2018 y 2019 cualquier profesional sanitario, aunque ahora no tuviera aún la preceptiva titulación de catalán establecida para cada categoría laboral.

El nivel de conocimiento del catalán fijado en marzo por la Consejería de Salud para médicos, enfermeros y técnicos fue el B1 o elemental, mientras que el nivel establecido para auxiliares de enfermería y celadores fue el A2 o básico. El decreto aprobado por Armengol estableció que la preceptiva titulación lingüística exigida podría conseguirse en todas esas categorías laborales en un plazo máximo de dos años una vez obtenida la plaza. Si transcurrido ese tiempo el profesional sanitario que supere ahora las oposiciones previstas no pudiera acreditar la titulación de catalán que le corresponda , no perderá su plaza, pero no podrá participar en procesos de movilidad ni acceder al complemento de carrera profesional.

El recurso contra el decreto del catalán en la sanidad pública isleña había sido presentado en mayo por la entonces delegada del Gobierno en Baleares, la popular María Salom. La Delegación del Gobierno consideraba en su escrito que el citado decreto vulneraba el artículo 43 de la Constitución, en el que se reconoce «el derecho a la protección de la salud». Tras acceder Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno a raíz de la moción de censura contra Mariano Rajoy, Salom fue relevada de su cargo en junio y fue sustituida por la socialista Rosario Sánchez.

La retirada del recurso contra el decreto del catalán se produce ahora «a partir de la voluntad política expresada por el nuevo Gobierno de España y de las conversaciones mantenidas por ello con el Govern», señala el comunicado emitido este jueves. Con anterioridad al recurso presentado por Salom en mayo, la plataforma ciudadana Mos Movem había presentado ya un primer recurso contra el citado decreto, en concreto ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares. Para Mos Movem, entidad impulsada por la empresaria menorquina Úrsula Mascaró, el controvertido decreto resulta «en su globalidad y en todos y cada uno de sus preceptos contrario a derecho».

La nueva norma fue cuestionada en su momento no sólo por Mos Movem, sino también por distintos partidos y entidades. Así, provocó el rechazo del PP, Cs, Actúa Baleares, el Sindicato Médico de Baleares, CSIF y diversas asociaciones de pacientes, al considerar que dificultaba la posible llegada de profesionales desde la Península y que ello podía repercutir en la calidad asistencial. Además, a principios de este año una veintena de especialistas médicos abandonaron Baleares por su desacuerdo con la nueva norma lingüística. Por otra parte, desde entidades próximas al independentismo, como la Obra Cultural Balear o la Plataforma por la Lengua, se criticó a Armengol por haber decidido finalmente no aprobar el primer borrador del decreto , que exigía el idioma cooficial como requisito para poder presentarse a las oposiciones y un nivel B2 —intermedio— para médicos y enfermeros.

Tras conocer este jueves la decisión del Gobierno de retirar el recurso contra el decreto del catalán, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno balear, la socialista Pilar Costa, ha señalado que el Govern valora «positivamente» dicha decisión. Costa ha defendido que el Ejecutivo de Armengol «toma decisiones de manera legítima» y ha añadido que el desistimiento del recurso «demuestra, una vez más, la total legalidad y normalidad con que se aprobó esta normativa».

En ese contexto, el presidente del PP balear, Biel Company, ha criticado la decisión del Gobierno y ha recordado que en caso de llegar a presidir la Comunidad tras los comicios de mayo de 2019, la primera decisión que tomará será «la retirada del decreto del catalán». Company ha añadido que «tenemos que evitar que se vayan médicos de Baleares o que no quieran venir al Archipiélago facultativos de la Península». Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlamento autonómico, Xavier Pericay, ha reiterado que «una lengua cooficial no puede ser un requisito». Pericay ha recordado, además, que «gracias a la movilización social» el decreto aprobado en marzo por Armengol fue menos exigente en materia lingüística que el primer texto que se había previsto.

En esa misma línea crítica, el presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, ha indicado que «esto demuestra que la única solución para acabar con la imposición del catalán es derogar toda la normativa lingüística que lo impone». Cabe recordar que Actúa y Vox se presentarán en coalición en Baleares en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del próximo año. Por su parte, la impulsora de Mos Movem ha hecho una valoración «totalmente negativa» de la decisión del Gobierno de retirar el recurso contra el decreto del catalán. «Se trata de un pacto político entre Armengol y Sánchez para llevar a Baleares hacia una impuesta, injusta y no deseada catalanización», ha lamentado Mascaró, para añadir: «¡Qué ganas de que lleguen ya las elecciones!».