El Gobierno publica su ley de eutanasia en el BOE el día internacional de la vida

Desde entonces miles de organizaciones a lo largo de todo el mundo, incluida la Conferencia Episcopal Española, se han unido a la celebración de esta jornada, que pretende concienciar a la sociedad sobre el valor de este derecho fundamental desde su concepción hasta la muerte natural.

La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, aseguró este jueves a ABC que la maniobra del Gobierno es «un signo más de auténtico desprecio a la vida». «Es una ley perversa que miente de principio a fin, que pretende que la veamos como muerte digna y natural , que deja abandonados a los enfermos sin la ayuda que realmente necesitan y que pretende hacer cómplices de este asesinato a los médicos, a la familia y al propio enfermo, cuya vida desprecian», afirmó.

La coordinadora de Derecho a Vivir, Rosana Ribera, lo considera «una provoación y una falta de respeto a la sociedad civil y a los ciudadanos en general». «¿Por qué la ministra de ‘Igual da’, Irene Montero, ha elegido precisamente esta fecha?», se pregunta.

Para Ribera esta ley «impuesta en tiempo récord y en plena pandemia» considera «mejor matar al anciano , al enfermo crónico o terminal, a la persona discapacitada, o a cualquiera que padece dolor que procurar cuidado asistencial para evitar el sufrimiento».

La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad, que aglutina a 150 organizaciones de la sociedad civil, consideró este jueves que la publicación del nuevo derecho a morir en el BOE «supone la consumación de una aberración que puede tener consecuencias graves e irreversibles».

Jaime Mayor Oreja presidente de la Fundación Valores y Sociedad, una de organizaciones impulsoras de la Asamblea por la Vida, aseguró este jueves que «las organizaciones deben prepararse para una gran movilización». «Todo este esfuerzo de unidad de la sociedad civil no parará hasta que se derogue la ley», aseguró.

Esta plataforma volvió a instar este jueves --como ya hizo hace una semana en el Congreso de los Diputados cuando se aprobó la ley--, al Partido Popular y a VOX a que interpongan sendos recursos de inconstitucionalidad contra la nueva norma.

Para la Asamblea, esta ley «otorga al Estado la facultad de decidir bajo qué condiciones se puede dar muerte a una persona, rechazando la aprobación de una legislación sobre cuidados paliativos». «El Estado no puede autorizar a nadie a matar. La vida humana no está a disposición de los poderes públicos. Lo que sí es su deber, que incumple, es aportar todos los medios posibles para curar, aliviar o cuidar a los pacientes ante situaciones de dolor o sufrimiento insoportable», aseguró en un comunicado.

El presidente del Foro Español de la Familia, Ignacio García Juliá, lamentó que el Día Interancional de la Vida no haya sido aún institucionalizado por la ONU. «La ONU ha declarado el 'Día Mundial de la Vida Silvestre' (sic) - 3 de marzo-, que tiene por objeto concienciar a la población mundial sobre el respeto a los animales», criticó.

«El Día Internacional de la Vida, la vida de los niños por nacer, se estableció hace ya unos cuantos años para llenar el hueco que no solo no llenaban las agencias de la ONU, sino que se encargaban explícitamente de vaciar con sus “recomendaciones” sobre la “salud sexual y reproductiva” (léase políticas de esterilización, anticoncepción y aborto), con el apoyo, entusiasmo y financiación de todas las corrientes antihumanistas que pululaban, y pululan, por el mundo», se lamenta.

Con su publicación este jueves en el BOE, la nueva «prestación de ayuda a morir» pasará a estar incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud el próximo 25 de junio . A partir de esa fecha, cualquier persona mayor de edad y con un año de empadronamiento en España que padezca «un padecimiento crónico e imposibilitante» o «una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables» podrá pedir la eutanasia o el suicidio asistido.

No bastará con la decisión del enfermo y el consentimiento del facultativo. Se contará con un segundo filtro. Si se estima que el caso cumple la ley, deberá consultarse con otro médico ajeno a su equipo. La solicitud también se enviará a una Comisión de Evaluación y Garantía nombrada por las comunidades autónomas, al ser ellas quienes poseen las competencias sanitarias. Lo que significa que podrían bloquear el trámite.

En aquellos casos en los que la persona enferma «no se encuentre en pleno uso de sus facultades», será el médico el que podrá presentar la solicitud de eutanasia a través «del testamento vital o de un documento equivalente legalmente» suscrito por el enfermo con anterioridad. El médico, además, podrá tomar la iniciativa y acceder al registro de últimas voluntades para practicar la eutanasia al paciente sin obligación legal de tener que consultarlo con sus familiares. El espíritu de la ley es consagrar la autonomía absoluta del paciente.

El espacio de tiempo entre que se presenta la solicitud y se recibe la «prestación de ayuda a morir» será muy corto. Con la ley del PSOE, la eutanasia se aplicará con un tiempo máximo de 32 días.