El Gobierno propone un plazo de tres años para poner fin a las inmovilizaciones en las residencias de mayores

Así, según el documento acordado, estas inmovilizaciones solo podrán darse en situaciones «excepcionales y de urgente necesidad» en las que se considere que hay «un peligro inminente» ya sea para la persona usuaria de la residencia o para sus cuidadores o terceras personas. Además, previamente se deberá haber intentado utilizar otros métodos que no hayan resultado.

El Ministerio de Derechos Sociales también quiere establecer un límite de plazas en las nuevas residencias . Plantea que los centros de mayores ofrezcan un máximo de 90 plazas para garantizar la atención adecuada a todos los residentes. Para los centros de discapacidad, en cambio, el Ejecutivo propone rebajar ese tope hasta las 50 . En esta línea, y con el objetivo de conseguir que las residencias de ancianos se asemejen lo máximo posible a un hogar, propone también que al menos un 65% de las habitaciones sean individuales y que se formen unidades de convivencia un máximo de 15 personas.

Estos baremos se tendrán que aplicar también en las residencias ya construidas, a las que el Gobierno pretende dar un margen de siete años para hacer obras que les permitan adaptar sus instalaciones y disponer de espacios en los que convivan un máximo de 90 personas y grupos de convivencia de 15. En el caso de las habitaciones individuales, para estos centros la exigencia será del 35%.

En cuanto al personal, el Ejecutivo quiere que en cada unidad de convivencia de 15 personas haya cinco trabajadores : dos para el turno de mañana, dos por la tarde y uno por la noche. La ratio subirías así a 0,43 por cada usuario. También se propone que la proporción de inspectores pase a ser de uno por cada 25 residencias.

«El modelo se basa en la atención centrada en las personas, es el eje de todo el documento», explican fuentes del sector, que destacan la intención de que sean las residencias las que se adapten a las necesidades de los usuarios y no al revés. «Es un modelo que quiere acabar con la disparidad de criterios en la atención », apuntan.

Sin embargo, el documento probablemente sufrirá modificaciones, pues el ministerio deberá discutirlo con las comunidades autónomas antes de su aprobación.