El Gobierno pondrá en marcha campañas para desincentivar la demanda de prostitución

Así lo dió a conocer el Gobierno, tras conocer en la reunión de ayer un informe sobre la trata con fines de explotación sexual en España, previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley.

«Sé que es un trabajo que se está preparando en el Gobierno. Cuando la veamos, veremos lo que incluye. De momento, no quiero adelantar nada», afirmó la portavoz, Isabel Celaá, al ser preguntada sobre si se contempla la posibilidad de perseguir a los clientes de la prostitución de manera penal.

El pasado diciembre del 2017, los distintos grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge la elaboración de una ley orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

En ese sentido, el Gobierno explicó que, en la elaboración del anteproyecto, establecerá medidas de prevención y persecución de este delito, «atendiendo al mismo tiempo como prioridad a la protección de las víctimas , desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género».

Asimismo, detalló que la futura ley incluirá un enfoque preventivo a través de una educación basada «en los valores de igualdad, no dominación, educación sexual y afectiva igualitaria», e incorporará los planes de formación de la Administración General del Estado (acceso a la función pública y formación continua) de la trata con fines de explotación sexual.

Por otro lado, el Ejecutivo señaló que la ley también recogerá la exigencia de formación específica para el acceso a puestos o cuerpos especializados , como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o Fiscalía.

Otra de las medidas, según ha avanzado el Ejecutivo, será el establecimiento de unos indicadores homogéneos para la identificación de las víctimas de trata, conforme a las recomendaciones de la Guía elaborada por el Consejo General del Poder Judicial.

También se establecerá un sistema de valoración de riesgos de las víctimas; se hará especial referencia a la situación de menores víctimas; se regulará el acceso al asesoramiento legal especializado; y se buscarán acuerdos con los colegios de abogacía para una garantía de esta asistencia.

Finalmente, la futura ley mejorará la eficacia de la persecución e investigación de los delitos e incorporará medidas de sensibilización, respaldando lo previsto en la Guía del CGPJ para favorecer un mejor conocimiento del fenómeno a jueces y fiscales.