El Gobierno plantea un impuesto a los envases plásticos con el que recaudaría más de 700 millones de euros

Estas medidas forman parte de la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que aún puede sufrir modificaciones. El anteproyecto acaba de pasar a información pública y también debe superar la tramitación parlamentaria. La previsión del Gobierno es que la norma pueda entrar en vigor a finales de este año o en el primer trimestre de 2021 . La ley se completa con un real decreto sobre traslados de desechos y con la estrategia de economía circular, en donde se fija como objetivo que España reduzca en una década un 30% el consumo nacional de materiales, mejore un 10% la eficiencia en el uso del agua y recorte un 15% la generación de residuos respecto a 2010.

«Este marco se verá acompañado en las próximas semanas con otros reales decretos», ha dicho la ministra Teresa Ribera tras el Consejo de Ministros. Se actualizará también la normativa de gestión de los vertederos, los residuos neumáticos, las pilas o los vehículos fuera de uso.

El anteproyecto de ley que ha logrado el visto bueno del Consejo de Ministros recoge la creción de un impuesto especial a los envases de plástico no reutilizable. Será de carácter indirecto y recaerá sobre su fabricación, importación o adquisición intracomunitaria siempre que se vaya a utilizar en el mercado español. El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo de envase lo que, en base a los datos de 2017, podría suponer una recaudación para las arcas públicas de cerca de 724 millones de euros al año.

Según el ministerio, este gravamen es similar al que pretenden implantar países como Reino Unido o Italia y va en línea de las «recomendaciones» de la Unión Europea. Ribera aseguró que numerosos informes apuntan a que España «cuenta con un margen muy alto de actuación en materia de fiscalidad verde» y que el nivel de presión fiscal ambiental está por debajo de los países de la OCDE. «España tiene el quinto porcentaje más bajo de ingresos medioambientales de la UE», dijo. Suponen el 1,8% del PIB, frente a una media de la UE del 2,40%.

«Hablamos de un uso desmedido, irracional, irresponsable pero con un alto coste económico en nuestras vidas. Es una realidad que ha entrado en nuestra vida cotidiana en nuestra vida, como una cebolla plastificada en una bandeja de poliespán o un plátano envuelto en plástico, que son un ejemplo del sobre envase que no queremos seguir encontrando en nuestras tiendas y que es obviamente innecesario», ha dicho.

El 3 de julio de 2021 es la fecha elegida para el adiós a las pajitas, a los bastoncillos de algodón, a la cubertería desechable (incluidos los palillos), los platos de plástico, los agitadores de bebidas o los palitos que sirven parasujetar globos. También afectará a los vasos y recipientes de alimentos hechos de poliestireno expandido, incluidos sus tapas y tapones, y se prohibirá el plástico oxodegradable (es similar al convencional, pero incluye aditivos para acelerar la fragmentación del material en trozos muy pequeños). Además, la propuesta de normativa va más allá de lo dictado por la Unión Europea y se vetarán los cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos.

El texto incluye también la obligación de ofrecer agua gratis en bares y restaurantes como estrategia para frenar el consumo de la embotellada , que entraría en vigor al publicarse la norma. También las administraciones públicas deberán reducir el consumo de agua embotellada en sus dependencias con fuentes de agua potable y en envases reutilizables. Y se marcan objetivos de recogida separada de botellas, que en 2025 deberá ser del 77% respecto al introducido en el mercado, y en 2029 llegar al 90%.

Otros muchos productos plásticos también se verán afectados. Es el caso de los recipientes y cajas de comida para llevar, aunque también afectará a la que se consuma en local, así como a los vasos y tapas. Desde el 1 de enero de 2023 deberán cobrarse al consumidor y figurar en el ticket de venta, como ya ocurre con las bolsas de la compra, para todos aquellos recipientes «destinados al consumo inmediato» y que alberguen comida que normalmente se consume en el propio recipiente «sin ninguna otra preparación posterior, como cocinar, hervir o calentar».

Paralelamente, se fijan objetivos de reducción de uso de estos envases. En 2026 su volumen de venta debería haberse reducido a la mitad con respecto a 2022 ; y en 2030, esa reducción debe ser del 70%. Deberán ser las propias empresas las que encuentren alternativas, ya sea a través de otros materiales o con productos reutilizables.

Los productores plásticos serán responsables de que la mayoría de los envases lleguen a buen puerto, incluyendo un sistema de depósito, devolución y retorno que se regulará más adelante por real decreto. Además, tendrán que pagar parte de la gestión de los residuos, una claúsula que ya contemplaba la directiva europea y que supone una fórmula para que los productores paguen por la contaminación asociada a sus productos. Este nuevo régimen obligará a revisar toda la normativa existente donde ya se aplican antes de 2023 y se extenderá también a los productores de textiles y plásticos agrarios (no envases) para 2025.

De hecho, la normativa no afectará solo a los productores plásticos. A partir de 2021 la destrucción de excedentes textiles, juguetes o aparatos eléctricos estará prohibida. Teresa Ribera ha asegurado que si se acumulara el total de restos de textiles de un año habría material suficiente para hacer 1.500 millones de pantalones vaqueros. «Nos daría para regalar un vaquero a cada uno de los habitantes de China y todavía nos daría para unos cuantos millones de vaqueros», dijo.

El texto revisa el régimen sancionador incluyendo nuevas infracciones. El abandono, vertido y la gestión incontrolada de residuos peligrosos; o la introducción de estos en el país sin permiso llevará sanciones que podrían alcanzar hasta dos millones de euros. Un punto especialmente aplaudido por organizaciones medioambientales como SEO/BirdLife es que el abandono de la basura dispersa (popularizada como «basuraleza») será considerado infracción muy grave.

Se establecen nuevos objetivos de reciclaje para los residuos municipales. En 2025, el 55% de ellos deberán ser tratados para reutilizarse y reciclarse ; en 2030, el 60%, y en 2035, el 65%. El último año de datos disponibles (2017) muestra que en España se recicló el 46,1% de los residuos municipales.