Cerca de medio millar de personas se manifestaron ayer en Valencia contra la Ley; en la imagen, un ecuatoriano despliega una pancarta en la protesta. Efe

El Gobierno firmará convenios con siete países para repatriar a sus inmigrantes ilegales

Luchar contra la inmigración irregular y desmantelar las redes del tráfico ilegal de personas, este es el principal fin de la nueva Ley de Extranjería que entrará en vigor mañana. El Gobierno pretende que la norma 8/2000 sea el instrumento que posibilite la expulsión progresiva de los que no se encuentran en situación legal en nuestro país. Siete convenios con diferentes países facilitarán aún más este proceso de repatriación.

MADRID. Miguel Oliver
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«Si seguimos así, dentro de dos años se va a montar un escándalo impresionante». Desde el Gobierno se justifica con rotundidad la necesidad de aplicar una Ley de Extranjería que sea «muy dura» con la entrada ilegal de inmigrantes y con las mafias dedicadas al tráfico de personas. El Ejecutivo cree que, de no ser así, España se convertiría en pocos años «en el paraíso de los sin papeles». Por poner un ejemplo, los ecuatorianos, que suelen elegir norteamérica, han cambiado ahora sus hábitos y prefieren emigrar a España, en vez de a Estados Unidos. Desde la Administración se teme que el ejemplo de Ecuador lo sigan otros países como Colombia o República Dominicana. Por este motivo, ha decidido diseñar una ley inflexible con los inmigrantes irregulares. «Si les decimos que cuando lleguen a España no lo van a tener nada fácil -afirman- se lo van a pensar dos veces antes de venir».

SEGUIR EL EJEMPLO DE LORCA

La intención del Gobierno es ir expulsando progresivamente a los 200.000 extranjeros irregulares que viven en nuestro país. Para ello, el Ejecutivo firmará en los próximos meses cuatro convenios de extradición con Polonia, Ecuador, Nigeria y Marruecos. En la actualidad, España sólo ha rubricado un acuerdo con este último país, pero que afecta únicamente a los trabajadores temporales. El nuevo documento incluirá a los intemporales. Según ha podido saber ABC, además, la Secretaría de Estado para la Inmigración, que dirige Enrique Fernández-Miranda, ha comenzado conversaciones para firmar acuerdos similares con Rumanía, República Dominicana y Colombia. Todos estos convenios permitirán una agilización a la hora de repatriar a estas personas. Asimismo, no se descarta ampliar el ejemplo de los ecuatorianos de Lorca -donde, como ya adelantó este periódico, muchos han decidido regresar a su país con la ayuda del Gobierno español, para regularizar su situación y regresar con un contrato de trabajo- al resto de la población inmigrante.

MOVILIZACIONES CONTRA LA 8/2000

Todas estas actuaciones han encontrado el rechazo de las organizaciones de extranjeros, así como de los sindicatos. En Valencia, medio millar de personas se concentró ayer contra la reforma de la Ley de Extranjería. A la manifestación asistieron los cuarenta ecuatorianos que permanecían encerrados en una iglesia de La Malvarrosa desde el jueves. «Sólo muertos regresaremos a nuestro país», se podía leer en una de las pancartas que formaba parte de la protesta. En Barcelona, los 328 ilegales que mantienen una huelga de hambre en la iglesia de Santa María del Pi anunciaron ayer que dejarán de tomar líquidos el miércoles, un día después de la entrada en vigor de la Ley. Los huelguistas se oponen a recibir asistencia sanitaria, mientras que el párroco se reunirá con ellos para aclararles hasta qué punto tolerará el empeoramiento de su salud. En Murcia, además, está prevista para hoy una marcha que contará con el apoyo de 21 asociaciones «en solidaridad con los inmigrantes que viven en la región». En Melilla, por último, varias familias argelinas y rumanas con hijos menores de edad abandonaron ayer la huelga de hambre al prometerles que serán trasladados a la Península.

Todas estas muestras de respaldo a los «sin papeles» no alteran los planes del Gobierno. Es más, desde el Ejecutivo, se señala que a partir del martes todo inmigrante irregular que se manifieste o permanezca encerrado en protesta por la reforma del texto 4/2000 -ahora, 8/2000- «estará cometiendo una ilegalidad y podría ser expulsado a su país de inmediato». Y es que la reforma no recoge los derechos de asociación, manifestación, sindicación o huelga de los extranjeros irregulares. Es un ejemplo más de lo que les espera a partir de ahora a este colectivo. La diputada socialista, Consuelo Rumí, señala en este sentido que «el Gobierno está incitando a la insumisión».

Pero desde la Administración se quiere mantener la «inflexibilidad» con que, a partir de ahora, se van a tratar este tipo de temas. Entre las novedades de la 8/2000 destaca un artículo referido a los mecanismos para controlar, evitar y luchar contra la inmigración irregular: «La permanencia de forma ilegal en el territorio español se sanciona con la expulsión». Esta expulsión -como apunta Rumí- sólo sería posible si existiera un convenio de repatriación con el país en cuestión. Por este motivo, el Gobierno ya ha fijado en Nigeria, Marruecos, Ecuador, Polonia, Rumanía, República Dominicana y Colombia sus próximos objetivos para estrechar el cerco sobre los «ilegales».

SANCIONES A EMPRESARIOS

La ley establece también duras penas para los empresarios que los contraten, así como para las mafias que los traigan de manera clandestina. Así, se establece la clausura por cinco años de todos los establecimientos vinculados al tráfico y explotación de seres humanos, así como la confiscación de todos los materiales empleados. Para los empresarios, por su parte, se contemplan sanciones económicas de entre uno y diez millones de pesetas por cada extranjero que contrate irregularmente.

Los socialistas también se muestran preocupados por la aprobación del reglamento de desarrollo de la ley. Consuelo Rumí teme que este nuevo documento se apruebe sin el consenso de los grupos -como ya ocurrió con la Ley y con el Plan Greco- «y neutralice todas las aportaciones hechas por los grupos políticos en el debate de la Extranjería». El PSOE pretende que desde este reglamento se puedan articular medidas «que den salida a situaciones injustas». En este sentido, el Partido Socialista tiene intención de solicitar durante los próximos días la creación de una Comisión Permanente en el Congreso de los Diputados, tal y como ocurre ya en el Senado. Rumí señaló, en este sentido, que «el problema de la inmigración se encuentra en la vida política diaria, por este motivo no es suficiente con que se haya creado una comisión en la Cámara Alta. El Congreso también debe contar con una que controle a diario la situación de los extranjeros que se encuentran en nuestro país».

COMISIÓN PERMANENTE

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Esteban González Pons, ya anunció hace unas semanas que tras las vacaciones de Navidad se crearía una comisión con carácter permanente sobre los extranjeros que residen en España. La tramitación de la ley en el Senado permitió a todos los grupos políticos alcanzar un acuerdo al respecto. «Va a ser una gran novedad -afirmó- y constituirá un foro permanente de estudio, análisis, encuentro y denuncia de las violaciones de los derechos de los inmigrantes». Consuelo Rumí pretende que esta se traslade a la Cámara Baja «ya que es la que marca el auténtico pulso del día a día de la sociedad». El PSOE cree que esta medida frenaría la «ofensiva contra el fenómeno migratorio» que ha diseñado el Gobierno.

La entrada en vigor mañana de la nueva ley marcará un «antes» y un «después» sobre la situación de los extranjeros en nuestro país. Los regularizados disfrutarán de los mismos derechos que un español. Pero los que permanezcan al margen de la ley podrán ser sancionados con la expulsión. El Gobierno ya ha informado a las Comunidades de cómo deben aplicar el nuevo texto.