«Todas las administraciones debemos cumplir con mandatos de la jueces». Preguntada por el parecer del Gobierno sobre el incumpliento de la Generalitat a la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ... se ha limitado a recordar que « lo que dice el Gobierno es que han de cumplirse las sentencias «.
Erá la última pregunta en la rueda posterior al Consejo de Ministros, y la portavoz ha eludido explicar la posición del Ejecutivo ante las instrucciones que la Generalitat ha hecho llegar este martes a los colegios, el día en que se cumple el plazo marcado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que no apliquen el 25% . Una decisión que según el PSC supone burlar el cumplimiento de la sentencia.
Eso sí, su falta de respuesta concreta ha estado precedida por una loa al «compromiso de este Gobierno en poner valor todas las lenguas oficiales del Estado» , como una de las formas de «riqueza y diversidad cultural de España». «Valoramos y queremos al catalán y abogamos porque la lengua nunca sea motivo de discordia y, mucho menos, entre en en la lucha partidista», ha añadido.
La respuesta de la ministra portavoz coincide con la que este lunes daba su homóloga de Educación en un desayuno informativo. Pilar Alegría también insistía, veinticuatro horas antes de que expirara el plazo, en la necesidad de que la Generalitat aplicara lo dictaminado por el Tribunal , porque en un país con Estado de Derecho las sentencias firmes son «de obligado cumplimiento». «No hay debate que valga» , añadía.
«Sin respuesta» de la Generalitat
Sin embargo, en cuanto a la responsabilidad del Gobierno en garantizar el cumplimento de este porcentaje a través de la Alta Inspección, la ministra de Educación sí que reconocía que, desde el Ministerio ya se habían « dirigido a la Generalitat para que aporte y traslade las medidas que van a tomar para cumplimiento de esta sentencia«, aunque afrimaba que »de momento no hemos recibido respuesta«.
Pero la respuesta de la Generalitat ha llegado en forma de su enésima pirueta jurídica para evitar cumplir la sentencia , justo lo contrario en lo que insiste el Gobierno. Así, lejos de remitir «las instrucciones» y «las garantías de control» al TSJC para dar cumplimiento de la sentencia, el consejero de Educación catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, ha enviado un dodumento a los colegios en el que se limita a recordar la legislación vigente y el decreto ley aprobado de forma urgente este lunes por el Govern.
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