El Gobierno creará un fondo para ayudar a las cuatro mil víctimas del amianto

Tras el debate en el Pleno, la unanimidad estaba garantizada. A partir de ahora se inicia la tramitación parlamentaria y habrá que llegar a un acuerdo entre los grupos políticos para consesuar las características del fondo.

El Partido Popular se abstuvo ante la creación de este fondo, al considerar que es una competencia autonómica y que no define el tipo de cotización que las empresas tienen que realizar. Además, recordó que las contingencias laborales estan cubiertas por la Seguridad Social.

El diputado Gerardo Camps mostró su extrañeza de que un prlamento autonómico pida un fondo estatal con una infraestructura centralizada y advirtió de que «carece de rigor técnico y jurídico». En este sentido, se refirió a que se impone una cotización a la Seguridad Social de forma discriminada a todas las empresas para pagar estas infemnizaciones. Sin embargo, señaló que en el trámite parlamentario sstas deficiencias «pueden ser corregidas».

El PSOE se refirió a este problema como un « genocidio laboral» , afirmando que el fondo viene a solucionar un «problema de justicia y solidaridad, frente a una historia de pasividad de las administraciones», señaló la diputada Rocío de Frutos. En este sentido, afirmó que «el riesgo persiste y la prevención es esencial».

Podemos consideró «imprescindible» este fondo «para hacer frente a las consecuencias que esta enfermedad ha tenido para las víctimas» y se lamentó de que no se hubiera resuelto el problema «hace mucho tiempo», como así lo expuso el diputado Juan Antonio López de Uralde .

Ciudadanos , que apoyó la Proposición de Ley, puso el acento en «las víctimas de la desidia y del fallo del Estado », como así lo indicó el diputado Francisco Igea. A su juicio, se ha llegado a esta situación «por convivir con el tóxico sin aislarlo y de no tomar medidas a tiempo».

El diputado del PNV, Íñigo Barandiarán , señaló que este fondo es una «necesidad social» y un «reto de justicia social urgente». Esta formación subrayó la importancia de « atender problemas que deben de ser abordados desde un prisma social».

Compromís subrayó que se reconoce una «reivindicación histórica», ya que es necesario realizar una «reparación económica» y paliar el sufrimiento del tramite judicial, señaló Enric Bataller .

Bildu aseguró que votarán a favor para que con este fondo se pueda «tener en cuenta toda la casuística completa» y emplazó a los grupos a «trabajar con diligencia y sin dilaciones».

Foro Asturias garantizó su apoyo a la propuesta, ya que considera que «estamos ante una vía que proporciona un mayor amparo a las víctimas», según señaló el diputado Manuel Martínez Oblanca.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se recuerda que en España entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto y se añade que la previsión es que hasta 2023 siga aumentando el número de casos, aunque a partir de esa fecha se estabilizarán las cifras. Anualmente se van a diagnosticar 700 casos , según señaló Eva Blanco en su exposición en el Congreso.

También se argumenta que se ha probado científicamente que existe una relación directa entre el amianto y el mesotelioma , y se constata que España no cuenta aún con un fondo de compensación para estas víctimas como sí existe en otros países como Francia, Holanda y Bélgica.

Además se señala que aunque el amianto ya no existe como problema preventivo, la cuestión radica en que los daños provocados se manifiestan años después y están generando una «gran cantidad de litigios » por lo que se reclama la creación de un fondo de compensación «sin culpa».

El principal problema que justifica la presentación de esta propuesta es que «muchas empresas donde se produjo la exposición ya han desaparecido cuando la enfermedad se manifestaba, dado que podemos estar hablando de exposiciones que se produjeron de 20 a 50 años antes». Ello supone una «dificultad añadida en la identificación de las empresas responsables del pago de las indemnizaciones que pueden corresponder a los afectados».

Con este fondo se pretende que «aquellas familias o trabajadores afectados que tienen vedada la vía judicial , por no tener empresa a la que reclamar la indemnización, vean compensado el daño»