El Gobierno baraja prisión para cualquier comportamiento sexual que no tenga consentimiento

El Código Penal vigente grava el «tipo básico» de agresión sexual con una condena de entre uno a cinco años, lo que permite a un culpable evitar la cárcel si se aplica el tramo más bajo de la pena. Sin embargo, si el Ejecutivo atiende el dictamen de los expertos, esa pena mínima sería ahora de tres años y, por tanto, no sería susceptible de ser suspendida (lo que sí pasar si son dos años).

En pleno debate sobre la pertinencia de reforzar medidas como la libertad vigilada tras el asesinato de la joven Laura Luelmo, el Consejo de Ministros estudió ayer en Barcelona las conclusiones de esta comisión de codificación, que inició sus trabajos tras el clamor social que originó la sentencia de la Manada . Los expertos plantean «castigar con prisión cualquier comportamiento sexual hacia una mujer sin su consentimiento, al considerarlo un delito de agresión sexual».

De seguir adelante esta recomendación, la futura reforma del Código Penal en el ámbito de delitos sexuales pivotaría sobre dos figuras delictivas que tienen en común la falta de consentimiento: la agresión sexual y la violación, que pasaría a tener entidad propia para aquellos casos en los que hay penetración . En el resto de agresiones sexuales entrarían las que hoy se consideran abusos , por lo que lo razonable es que dentro del tipo delictivo de la agresión sexual se establezca una horquilla de penas generosa que atienda fundamentalmente a las circunstancias en las que se produce la agresión sexual en cuestión, pues a efectos de pena no puede equipararse un «roce» en el Metro con lo que hoy por hoy se considera una agresión sexual sin penetración.

De igual forma, que los 15 años de cárcel que los expertos prevén para una violación se equiparen con un homicidio no significa que toda violación sea castigada de esa forma, sino que lo será aquélla en la que se dé una situación concreta, como el uso de armas o artilugios que pongan en riesgo la integridad de la víctima. También se diferenciaría la ingesta de alcohol o drogas voluntariamente por parte de la víctima de si ha sido drogada y su voluntad anulada, lo que implicaría una responsabilidad aún mayor para el autor de la agresión, informa Efe.

En cualquier caso, la vicepresidenta del Gobierno , Carmen Calvo , ya dejó claro que el informe de los expertos es un documento «de asesoramiento» y que «independientemente de sus conclusiones» será el Ejecutivo el que decida sobre esta reforma para garantizar que el consentimiento para una relación sexual sea «rotundo y claro». En la referencia del Consejo de Ministros de ayer no había ninguna mención a este asunto.