El Gobierno balear podría multar con hasta un millón de euros al impulsor del supuesto anticancerígeno Minerval
La vía administrativa se ha puesto ahora en marcha después de que hace unos meses se hubiera cerrado ya la vía penal
El Gobierno balear acaba de iniciar un expediente sancionador de carácter administrativo contra el catedrático de Biología Celular de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Pablo Escribá por una «falta muy grave». En concreto, por la presunta comercialización de un posible futuro fármaco contra el cáncer —el Minerval— años atrás. Según ha adelantado «Diario de Mallorca» este martes y ha confirmado ABC, Escribá podría llegar a ser sancionado con una multa de hasta un millón de euros.
Fuentes oficiales de la Consejería de Salud, que dirige la socialista Patricia Gómez, han explicado que la resolución del citado expediente puede tardar aún varias semanas en producirse . En cualquier caso, una vez concluido el expediente Escribá podrá presentar las alegaciones que considere oportunas. Las faltas «muy graves» por una comercialización indebida de un producto pueden ser sancionadas por la Consejería de Salud con multas de entre 600.001 euros y un millón de euros.
La vía administrativa se ha puesto ahora en marcha después de que hace unos meses se hubiera cerrado ya la vía penal. Cabe recordar que en abril del pasado año el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, dictó un auto en el que acordó el archivo provisional del denominado caso Minerval, «al no quedar debidamente justificada la perpetración del delito de estafa objeto de la denuncia». En dicho caso se investigaba originariamente la presunta comercialización del Minerval por parte de Escribá, del también catedrático de la UIB Xavier Busquets y de tres colaboradores de ambos.
Archivo de la causa
El magistrado había archivado el caso Minerval de forma inicial el 8 de septiembre de 2017. Sin embargo, el 28 de noviembre de ese mismo año la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma estimó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía —al que se había adherido la UIB— y decidió reabrir la causa, si bien sólo en relación a Escribá. La Sala quería conocer el destino del dinero que se habría conseguido con la venta del Minerval y también si su precio era o no excesivo.
Tras la citada resolución de la Audiencia Provincial, se incorporaron a las actuaciones ya realizadas en su momento las facturas del Minerval entre los años 2012 y 2017, los balances de sumas y saldos de la Fundación Marathon desde 2007 hasta 2017, y un resumen de los balances y destino de las cantidades ingresadas por dicha fundación desde 2007 hasta 2016. De toda esa documentación se dio traslado a la Fiscalía, que finalmente interesó «el sobreseimiento provisional de las actuaciones» respecto a Escribá.
En cualquier caso, el juez Morell pidió en su auto de abril del pasado año que se remitiera a la Consejería de Salud testimonio de todas las actuaciones llevadas a cabo, por si existieran motivos para «la incoación y tramitación, en su caso, de un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto Minerval —ácido 2 hidroxioléico— desde el año 2004».
No hubo «engaño»
En el primer auto de Morell, el de septiembre de 2017, el magistrado había señalado que los compradores del Minerval «sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias». El juez añadía que a quienes adquirían el citado producto no se les aseguraba la «eficacia curativa» del mismo. En ese sentido, «se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que, aun conociendo ellos o sus familiares las anteriores circunstancias, decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder». Aun así, Morell decidió también entonces que se remitiera «testimonio de las actuaciones» a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Cabe recordar que en abril de 2016 el Consejo Social de la UIB había hecho llegar a la Fiscalía la primera denuncia concreta de una persona que había adquirido el Minerval y que consideraba que había sido estafada. A partir de entonces se pusieron en marcha las investigaciones que en abril de 2017 concluyeron con el arresto inicial de cinco personas, entre ellas los profesores Escribá y Busquets. En aquel momento había ya una quincena de denuncias presentadas. La Policía estimaba que, globalmente, se habrían estafado más de 611.000 euros a través de la supuesta comercialización del Minerval. El citado compuesto se encontraba entonces aún en fase de ensayos clínicos, lo que significaba que no tenía todavía la calificación de medicamento ni contaba con la preceptiva autorización para poder ser vendido al público.
Por su parte, tanto Escribá como Busquets siempre negaron haber cometido cualquier posible irregularidad. Ambos declararon en mayo de 2017 en calidad de investigados —equivalente a imputados— ante el juez. Los dos profesores se declararon inocentes del presunto delito de estafa agravado que les imputaba la Policía. Busquets y Escribá le dijeron al magistrado que el Minerval contaba con la patente de nutracéutico —complemento alimentario— desde 2003. Asimismo, indicaron que se habría comercializado a precio de coste y que nunca lo habrían vendido como fármaco. Tras prestar ambos declaración, el magistrado no les impuso ninguna medida cautelar.
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete