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Imagen del polideportivo de Son Carrió - EFE

El Gobierno balear dará ayudas de hasta 60.000 euros para las viviendas más afectadas por las inundaciones

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha aprobado el decreto ley que permitirá poner en marcha diversas indemnizaciones

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El Gobierno balear otorgará ayudas de hasta 60.000 euros a las familias cuyas viviendas se vieron afectadas por las inundaciones habidas el pasado 9 de octubre en el noreste de Mallorca. En cuanto a las ayudas para los coches siniestrados, serán de hasta 6.000 euros por vehículo afectado. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz del Ejecutivo regional, Pilar Costa, quien también ha avanzado otras ayudas que serán concedidas igualmente en breve.

Cabe recordar que las riadas de la pasada semana provocaron un total de 13 víctimas mortales, así como cuantiosos daños materiales en distintos municipios, en especial en Sant Llorenç des Cardassar, debido al desbordamiento de su torrente. El primer balance provisional hacía referencia a 322 casas afectadas, 324 vehículos dañados y 30 comercios con serios desperfectos.

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha celebrado esta mañana un Consejo de Gobierno extraordinario, en el que se ha aprobado un decreto ley que establece las ayudas y otras medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones. En total, se han definido ocho líneas de ayudas, entre ellas una por defunción, que será de 32.000 euros y que será compatible con cualquier otra indemnización. Las medidas concretas que se aplicarán a partir de ahora se desarrollarán en los decretos específicos que se aprobarán mañana viernes en el Consejo de Gobierno ordinario. El citado decreto ley ha entrado en vigor hoy mismo y tiene rango de ley, «para tener el marco legal que ampare todas y cada una de las medidas que a continuación se desarrollarán».

Recuperar la normalidad

«Hemos aprobado el marco legal de las medidas extraordinarias para hacer frente a una situación extraordinaria, muy dura por el sufrimiento que ha causado, y sobre todo por la necesidad de dar respuesta ágil y efectiva a las víctimas de la riada del pasado 9 de octubre», ha explicado Costa, quien en su comparecencia ante los medios ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y de reconocimiento para todos los servicios de emergencias. «No podremos agradecer nunca el esfuerzo que va más allá de la profesionalidad de todas las personas que han intervenido», ha destacado la portavoz, que también ha elogiado la labor de los miles de voluntarios que estos días se ofrecieron para colaborar.

El objetivo de las medidas que se empezarán a aplicar ahora es que «todos los afectados puedan recuperar la normalidad lo más rápidamente que sea posible». El decreto ley aprobado este jueves aporta «flexibilidad» en la contratación, que se podrá hacer por vía de emergencia, y además «reduce los plazos y facilita la tramitación con las administraciones afectadas». Las ayudas que concederá el Govern «se podrán compatibilizar con otras ayudas que provengan de otras administraciones, con la única limitación de que nadie pueda recibir más de aquel daño material que haya podido sufrir».

Costa ha explicado que «las ayudas son de carácter subsidiario con respecto al sistema privado de seguros en el caso de que, en casos concretos, las personas que hayan sufrido daños tuvieran un seguro privado», lo que significa que las ayudas del Govern se podrán complementar con las de una entidad aseguradora. Las ayudas han sido catalogadas en tres grupos distintos. Por un lado, están las prestaciones sociales urgentes, que está tramitando ya la Consejería de Servicios Sociales y que prevé ayudas que oscilarán entre los 4.000 y los 5.500 euros por familia. Por otro lado, están las indemnizaciones para las viviendas afectadas y por último están las ayudas que se tramitarán como una subvención, como ocurrirá en el caso de las ayudas a empresas.

Ayudas compatibles

En el caso de las indemnizaciones previstas para las viviendas afectadas, será necesario presentar un informe técnico para acreditar los daños padecidos. Dichos informes están siendo realizados ya estos días por técnicos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) o por profesionales del Colegio de Arquitectos. Como se ha señalado ya, se prevé una ayuda máxima de 60.000 euros por vivienda en el caso de que se haya producido un «siniestro total». En ese caso, si la familia afectada no tuviera ahora un lugar donde poder ir, se le facilitará una ayuda de 700 euros mensuales para poder pagar un alquiler por un periodo máximo de dos años.

En cuanto a las ayudas para empresarios y trabajadores, serán de un máximo de 100.000 euros para las industrias o 30.000 euros para los comercios

En las situaciones en que no haya habido un «siniestro total» de la vivienda, sino sólo daños estructurales concretos, los afectados recibirán un máximo de 30.000 euros de indemnización. Si los daños no fueran estructurales, sino sólo de carácter leve, la ayuda sería de un máximo de 10.000 euros. En el caso de que la vivienda dañada no sea la habitual de residencia de la familia afectada, las ayudas se reducirán al 50 por cien de las cuantías citadas. Finalmente, cuando se trate de edificios de varias plantas, las comunidades de propietarios podrán tener una ayuda máxima de 8.000 euros por los elementos comunes que hayan podido resultar dañados.

Otra línea de ayudas será, como se ha señalado al principio, para los vehículos afectados por las inundaciones, con un máximo previsto de 6.000 euros por vehículo siniestrado. Dicha ayuda será compatible con la que vaya a facilitar el consorcio de seguros. En cuanto a las ayudas para empresarios y trabajadores, serán de un máximo de 100.000 euros para las industrias, de 60.000 euros para las empresas turísticas y de 30.000 euros en el caso de comercios.