El Gobierno balear aprueba un decreto para proteger toda la posidonia del Archipiélago

El consejero de Medio Ambiente del Govern, el nacionalista de MÉS por Mallorca Vicenç Vidal, destacó en rueda de prensa que la Comunidad se convierte de este modo en «pionera en Europa» en garantizar la conservación de esta planta marina . Vidal también recordó que en Baleares se encuentra el 50 por cien de la posidonia inventariada en las costas españolas.

Según recalcó el consejero autonómico, el incremento de usos en las aguas isleñas habría hecho aflorar impactos que estarían poniendo en peligro el estado de conservación de la posidonia , circunstancia que ha hecho que se apruebe ahora una regulación para compatibilizar la existencia de actividades humanas con la protección de la especie y el hábitat. El decreto aprobado por el Govern prohíbe sobre la posidonia la pesca de arrastre, las extracciones de áridos, el vertido de materiales dragados y el fondeo incontrolado.

A partir de ahora se regulará también el uso que se tiene que hacer de los restos de posidonia . Así, se prohíbe la retirada, la posesión, el transporte y el uso de restos de posidonia muerta en las playas naturales sin servicios, a excepción de las prácticas destinadas a usos tradicionales y con métodos manuales. Con respecto a las playas urbanas, y por razones socioeconómicas, se permite la retirada siguiendo el manual de buenas prácticas que recoge el mismo decreto.

Por otra parte, se crea, con carácter de órgano colegiado, el Comité Posidonia, que contará con representación de las administraciones y los sectores interesados , y que se reunirá, como mínimo, una vez cada seis meses. Además, también se prevé la creación del Fondo Posidonia, que se nutrirá de las aportaciones que hagan la Comunidad, otras administraciones públicas, empresas o asociaciones, y de las medidas compensatorias de actuaciones que afecten al hábitat y la especie.

El régimen sancionador se establece por medio de la Ley para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) y por la Ley 42/2007, de patrimonio natural y de la biodiversidad. En el primer caso, las sanciones pueden ser de 100 euros a 450.000 euros , mientras que la normativa estatal recopila multas de 100 euros a dos millones de euros.

En este contexto, las organizaciones ecologistas Greenpeace, GEN-GOB, Oceana y Terraferida valoraron el viernes de forma positiva la aprobación del mencionado decreto autonómico, si bien solicitaron al mismo tiempo que su aplicación sea «inmediata». Las citadas entidades también señalaron que esperan que las sanciones sean efectivas «desde el primer momento» . Paralelamente, Greenpeace inició el pasado sábado una campaña para la preservación de la posidonia oceánica en Ibiza y Formentera, con 50 denuncias de fondeos sobre praderas de esta planta marina.