El Gobierno de Aragón eliminó el requisito de la «residencia legal» para su renta mínima

En la práctica, en su lista de potenciales beneficiarios, la nueva ley de la renta mínima autonómica no distingue entre españoles y extranjeros; y, entre estos últimos, no diferencia entre regulares e irregulares.

El requisito de la residencia legal no solo no figura en la lista de requisitos exigidos para los beneficiarios de esta prestación de 522 euros al mes -como mínimo-, sino que no se habla de residencia legal en ninguno de los 13 folios que ocupa esta nueva ley en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), donde fue publicado. Ni rastro en el preámbulo, ni en sus cuatro capítulos, 18 artículos, cinco disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y tres finales.

El borrador que sobre este asunto manejó el Gobierno del socialista Javier Lambán consideraba fundamental especificar el requisito de la residencia legal. Con ello, dejaba claro que entre la residencia «legal» y la «efectiva» hay un considerable trecho jurídico , y cerraba expresamente la puerta a los inmigrantes irregulares. Pero, en la ley que se ha aprobado y que ya está en vigor, eso se amortizó con la supresión del requisito de legalidad residencial.

La ley fue promovida por el Gobierno aragonés que el PSOE comparte en cuatripartito con Podemos, el PAR y los soberanistas de la Chunta. Cuando el texto se votó en las Cortes regionales, no hubo ningún voto en contra. En la Cámara autonómica, además del cuatripartito gobernante, se sientan también PP, Cs, IU y Vox. Solo PP y Vox expresaron ciertas reservas sobre el artículo relativo a los beneficiarios, y optaron por abstenerse en esa parte de la ley.

Suprimida la exigencia de la residencia legal, esta ley únicamente establece el requisito del empadronamiento y de la «residencia efectiva». Es decir, la estancia de hecho, al margen de su condición legal.

La diferencia es muy sustancial: si se exige la residencia legal, el ciudadano extranjero que opte a esa prestación debe tener regularizada su situación en España. Pero, tal y como ha quedado aprobada la ley, se prescinde de ese requisito y basta con estar empadronado. Y hay que tener en cuenta que, para empadronarse en cualquier ayuntamiento español, no se exige estar en situación legal en España; es una mera constatación administrativa de una residencia -una realidad de hecho, no de derecho-.

El tenor literal de esta nueva ley choca con la versión del Gobierno de Aragón que, tras atacar la información de ABC, argumentó que el «espíritu» de este texto legal no contemplaba esta renta mínima regional para los inmigrantes irregulares. El Ejecutivo regional afirma que, cuando se ponga en práctica la ley, se excluirá a quienes no tengan legalizada su residencia en el país. Tras la polémica que ha desencadenado, el Gobierno de Lambán dice que restringirá y endurecerá los criterios de acceso a esta renta básica. Para eso hará falta o retocar la ley o un reglamento de desarrollo.