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El Gobierno acusa al PP de «alarmar» a la concertada pero insiste en reformar la Lomce

Los populares piden a los socialistas que rectifiquen y afirman que «están atentando contra el principio constitucional de libertad de elección»

Manifestación a favor de la escuela concertada Raúl Doblado
Paloma Cervilla

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Populares y socialistas se ensarzaron ayer en un debate sobre la educación concertada en el Pleno del Senado. El Grupo Popular ha interpelado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, sobre «la política que va a llevar a cabo el Gobierno para garantizar y defender la libertad educativa en todo el territorio español».

Con esta iniciativa legislativa, los populares querían obligar al Gobierno a explicar si van a reformar la Lomce para eliminar el artículo que condiciona la apertura de nuevas unidades de concertada a la demada social . Una medida que ha generado una gran preocupación en el sector educativo y en esta formación política, ya que entienden que es un ataque a la libertad de educación.

La ministra de Educación , Isabel Celaá, acusó a los populares de crear una alarma en el sector e insistió en sus planes de reformar el artículo 109.2 de la Lomce, que permite abrir más unidades de educación concertada si hay demanda social para ello. Celaá afirmó que algunas administraciones « han abusado de este artículo» para favorecer a los centros privados.

Asimismo, Celaá recriminó a la senadora popular Ana María González de «venir a darnos lecciones de libertad y de venir a hablarme de que vamos a atentar contra el derecho a la educación. No aceptan que la educación pública sea un derecho servido por los poderes públicos».

La ministra afirmó que respeta la concertada «pero no todos los padres tienen la misma libertad de elección . A veces no son los padres los que eligen los centros, sino que éstos eligen a los padres». Finalmente, afirmó que los populares hicieron una «reforma calculada» de la ley.

La senadora popular Ana María González advirtió de que esta reforma de la Lomce es un « ataque directo y claro a los principios constitucionales» de la libertad de educación y afirmó que «ningún Gobierno puede permitir que se ponga un impedimento al derecho de las familias».

González señaló que la intervención de la ministra en el Senado no había tranquilizado al sector educativo y le pidió que rectificara.

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