El Gobierno aceleró la ley para vetar la sanidad privada antes de las elecciones andaluzas

Sanidad remitió su anteproyecto al CES con urgencia el pasado 19 de mayo, con tiempos marcados por Moncloa ya que fue el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el que este fin de semana prometió una ley «para que ningún gobierno de derechas pueda privatizar la sanidad en ninguna comunidad autónoma» durante un mitin en Andalucía.

Las prisas de Sanidad porque el anteproyecto completara su tramitación en la recta final de la campaña provocaron que el CES pudo «pronunciarse únicamente acerca de las líneas generales» del anteproyecto, en lugar de realizar el preceptivo examen en profundidad. «Se pierde la oportunidad de adentrarse en las observaciones específicas al articulado que resultarían de un análisis e intercambio de opiniones menos apresurado de lo que ha sido posible», advierte el dictamen.

Y ello cuando el análisis de este órgano -no vinculante pero sí preceptivo- era especialmente importante para este proyecto. No en vano, la sanidad afecta de lleno a los intereses de los agentes económicos y sociales, y el CES tiene la labor de trasladar sus opiniones y planteamientos al Gobierno.

No conceder a este consejo el tiempo suficiente para analizar en profundidad un texto impide que la voz de los agentes económicos y sociales sea escuchada y, por tanto, que el citado organismo desarrolle adecuadamente su función. El informe así lo denuncia. «El CES lamenta esta circunstancia (la falta de tiempo), que limita el ejercicio pleno de sus competencias consultivas y de participación», recoge el texto. Además, resalta la «entidad y novedad de los cambios incorporados por el anteproyecto» por su incidencia en «aspectos vertebradores de los principios básicos de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud».

La conclusión del CES tras este examen superficial es una escueta valoración positiva al sentar unas «bases comunes» y una «coordinación general de la sanidad». No obstante, recuerda al Gobierno que «el objetivo principal» de la gestión sanitaria debe ser «la mejora de la salud de la población y la reducción de los desequilibrios sociales y territoriales». Es decir, que son los «resultados en este terreno» los que deben guiar la gestión y no la elección de un modelo determinado.

Además, critica que la redacción que el Gobierno ha dado «puede resultar excesivamente indeterminada» por «la escasa precisión de los criterios que las administraciones públicas deberán motivar para, excepcionalmente, establecer conciertos » o colaboraciones con la sanidad privada. El CES advierte de que ello puede provocar «disparidad de interpretaciones» y afectar a la equidad de la ciudadanía» así como a la unidad de mercado. Ante ello, pidió al Gobierno más «concreción» sobre la base de la «cooperación entre los distintos servicios de salud». En esta línea, planteó también el interrogante de cómo quedarían los conciertos entre autonomías y sanidad privada que están en vigor, y pidió al Gobierno que resolviera esta incógnita en el texto.

Por otro lado, el consejo celebra que el texto avance en «la cultura evaluativa del sistema sanitario » pero advierte que no impulsa la «efectiva aplicación» de las obligaciones sobre transparencia de «todos los organismos responsables». En cuanto al avance en la universalidad, el CES lo valora positivamente pero afea al Gobierno que no cubra a los descendientes mayores de 26 años a cargo de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero pero temporalmente desplazadas a España.

El anteproyecto de esta nueva ley completó rápidamente su tramitación final y fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Su objetivo central es vetar todos los acuerdos de las comunidades con la sanidad privada, salvo aquellos «excepcionales y justificados». Esta puerta abierta permitirá a las autonomías mantener los conciertos por lo que la nueva ley tiene más de reclamo que de reforma. De hecho, las asociaciones de la sanidad privada han advertido que no resuelve los principales problemas del sistema: las listas de espera, la falta de equidad y el acceso a nuevos tratamientos. Es decir, los principales problemas del sistema sanitario.