El Gobierno acelera su calendario ideológico tras la ley Celaá

Ahora que la «ley Celaá» va camino del Senado, el Gobierno prepara toda su artillería con la regulación de la eutanasia. Esta misma semana se reunirá la Comisión de Justicia para comenzar a negociar las enmiendas presentadas por los partidos al articulado de la ley. Lo hará sin consultar a ningún experto en cuidados paliativos o en bioética, después de que PSOE y Podemos vetaran las comparecencias solicitadas por el Partido Popular.

No es la única iniciativa legislativa que el Gobierno tiene en marcha. También esperan su puesta de largo la ley trans, la de memoria democrática y la reforma de la ley del aborto . El acoso y derribo a la Iglesia católica se suma además a la agenda, pero no en forma de ley al menos por ahora. En unas semanas Sánchez presentará al Congreso el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 para comenzar con su plan de desamortización encubierta. No es la única baza contra la institución. Una comisión mixta estudia además la retirada de la exención del pago del IBI, un beneficio fiscal que reciben todas las entidades sin fines de lucro gracias a la Ley de Mecenazgo y de Haciendas Locales, pero que el Gobierno solo quiere quitar a la Iglesia. Entre las iniciativas legislativas en materia religiosa, el acuerdo de coalición con Podemos propone además una Ley sobre Libertad de Conciencia que «garantice la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas». Pero poco se sabe todavía de ella.

El «padre» de toda esta «reingeniería social» viene de atrás. Comenzó en realidad con José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos legislaturas entre 2004 y 2011. Él acuñó por primera vez el concepto de «nuevos derechos sociales». Durante su Gobierno, se aprobó el divorcio exprés, el aborto libre hasta la semana catorce de gestación y se produjo el primer intento de adoctrinamiento en la escuela con la introducción de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. La nueva materia dio lugar a una reacción hasta entonces inédita en el sistema educativo: la objeción de conciencia de los padres para evitar que sus hijos recibieran esos contenidos.

Este Ejecutivo bebe en parte de ese «rediseño social» que imprimió Zapatero y por la que quiso pasar a la historia como el jefe del Ejecutivo que concedió «iguales derechos» a los homosexuales que a los heterosexuales con su matrimonio gay . La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha propuesto lo mismo, con las personas transexuales, y de ahí una «ley trans», aunque sea para un colectivo que no es numeroso en términos de población. Desde Igualdad consideran que «compensa» el rédito político que obtendrán si acaban «con el armario laboral» dentro del cual aún se encuentran discriminadas muchos transexuales.

La segunda ley pendiente aún de los dictámenes del Consejo de Estado y el aval del Consejo General del Poder Judicial es la llamada Ley de Libertad Sexual. ¿Quién, en principio, se enfrentaría a una ley que propugna que las mujeres den su consentimiento a todo acto sexual? En la letra pequeña, en esos «detalles» por donde se cuela el diablo, subyacen los apartados de la ley por los que se considera a los hombres presuntos «sospechosos». De hecho, es el principal escollo por el que la Justicia podría tirar hacia atrás esta norma.

El segundo capítulo de «la sociedad de nuevo diseño» se llama «Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España». Lleva la rúbrica de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La hoja de ruta está marcada.