Furia de los sindicatos con el Gobierno al recular y no convertir a todos los interinos docentes en funcionarios

La ley de estabilización, aprobada a finales del año pasado, es clara respecto a que lo que se pretende es reducir la tasa de temporalidad en el empleo público situándola por debajo del 8 por ciento . Esto no tiene nada que ver con sustituir la oposición por el concurso-oposición. Este último es para plazas previamente encuadradas, y tiene un carácter excepcional. Extender el concurso-oposición cuando la ley no lo permite « no se estima ajustado a Derecho », reprochó el Consejo.

Por eso, el ministerio cambió el decreto para ajustar a lo que le dijo el máximo órgano consultivo del Gobierno y esto enfureció a los sindicatos .

«CC.OO denuncia que el Ministerio de Educación ha incluido en el borrador de ingreso docente modificaciones de ultimísima hora que pueden poner grandes trabas a la gestión de estos procesos en el profesorado», dijo el sindicato en un comunicado. «La más relevante podría implicar que, en lugar de que todas plazas de concurso-oposición se rijan por el mismo procedimiento, tal y como se venía haciendo en el proceso de estabilización desde 2018, se deban celebrar dos procesos distintos de concurso-oposición , uno con las plazas de reposición (jubilaciones) y otro con las de la tasa adicional de estabilización, los dos de libre concurrencia para todos los aspirantes».

Por otro lado, UGT no atacó directamente al Gobierno sino al Consejo de Estado. Así, el sindicato aseguró que «valora la aprobación del sistema transitorio de ingreso a los cuerpos docentes, p ero lamenta los cambios introducidos por el Consejo de Estado»

En un comunicado aseguraron estar en « desacuerdo con los cambios que se han introducido con respecto a su aplicación sólo en las plazas de estabilización ya que genera dos procedimientos diferentes para ingresar en los mismos cuerpos docentes. Hasta la fecha y producto también de acuerdos de estabilización firmados por UGT y otros sindicatos, el procedimiento ha sido el mismo para todas las plazas, independientemente de su naturaleza y así salió de los acuerdos y negociación de la Mesa de Personal Docente no Universitario con las organizaciones sindicales».

Mario Gutiérrez , presidente de Educación de CSIF dijo su sindicato «critica el real decreto de acceso a la función pública docente y lo considera un nuevo fracaso del Ministerio de Educación en su responsabilidad de liderar la reducción de la temporalidad».

Por su parte, el sindicato de profesores ANPE aclaró a este periódico tras la información adelantada por ABC que «en las mesas de negociación donde se ha tratado este asunto, e incluso en la última donde ya no estaba obviamente en el orden del día, ANPE ha reiterado la necesidad de informe por parte de la Abogacía del Estado puesto que siempre, y así lo hemos manifestado, hemos tenido nuestras dudas e incertidumbres en cuanto a la viabilidad jurídica de lo propuesto y entendíamos que era necesario arrojar certezas y no más dudas».

Al margen de los sindicatos, desde Docentes por la Justicia (que están batallando desde que este decreto era todavía borrador) dijeron que la norma « es una vergüenza », en palabras de María Miedes , portavoz de la organización. Sus motivos para denostarlo son diferentes a los de los sindicatos. Si bien dejan muy claro que no están en contra de los interinos, desde Docentes por la Justicia reclaman «una prueba donde se demuestre el dominio de la materia» ya que ahora al ser aspirantes sin haber opositado quedan afuera de toda posibilidad (en favor de los interinos de larga duración) al estar plenamente formados pero tener poca experiencia.

La Comunidad de Madrid también reaccionó a la noticia adelanta por ABC. El consejero de Educación, Enrique Ossorio dijo en su cuenta en Twitter que «en su cruzada contra la calidad educativa, el Gobierno de Sánchez quería rebajar las pruebas de acceso para todos los maestros y profesores. La Comunidad de Madrid se opuso frontalmente en la Conferencia de Educación. El Consejo de Estado nos ha dado la razón», apuntó.

Fuentes de la Consejería de Educación de esta comunidad agregaron que «el real decreto se centra en una rebaja de la calidad del personal docente y continúa la deriva de rebaja de la calidad del sistema educativo de la Lomloe. También ataca a la base de la calidad de un sistema educativo: la preparación y los conocimientos de los docentes». Agregan que « el nuevo sistema del Gobierno central es tremendamente injusto sobre todo para aquellos aspirantes bien preparados que se quieren presentar al proceso y apenas cuentan con experiencia».