La Fiscalía del Supremo cuestiona la vacunación forzosa de los mayores en residencias
Ni la situación de pandemia ni las razones de salud pública sustentan la intervención médica forzosa, justifican
El Ministerio Público cuestiona las recientes resoluciones de los juzgados que ordenan la inmunización de grupos vulnerables
Primera salida de una anciana de una residencia tras vacunarse
Ni la situación de pandemia, ni las razones de salud pública o la especial vulnerabilidad de una persona justifican la administración forzosa de la vacuna contra el Covid. Lo dictamina la Fiscalía del Tribunal Supremo que se ha visto obligada a fijar su posición ante recientes resoluciones judiciales ... que están autorizando vacunaciones no consentidas en las residencias de mayores.
En el dictamen de los fiscales del Supremo, al que ha tenido acceso ABC, critica los fallos judiciales a favor de la vacunación forzosa que ha realizado la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa a instancia de los centros residenciales. Estos fallos sustentan su decisión por razones de salud pública, la gravedad de la pandemia y la necesidad de proteger a las personas más vulnerables al Covid.
Pero esa fundamentación jurídica, dicen «no es apta» ni para los mayores «ni para ningún otro grupo de población». «En tanto que la ley no establezca la obligación de vacunarse, no cabe invocar razones genéricas de salud pública», indican. Recuerdan que la mayor vulnerabilidad de los mayores ni la salud pública son excepciones que invaliden la libertad de decisión individual para prestar o negar su consentimiento.
La negativa a vacunarse en las residencias ha sido minoritaria , pero ha habido casos de trabajadores y de residentes que han llevado a algunos centros a acudir a los tribunales. Unos desconfiaban porque los centros residenciales eran los primeros, otros por temor a los efectos secundarios de los fármacos y porque desconfiaban de una vacuna que se había aprobado en un plazo acelerado.
Discriminación por edad
Varios jueces han obligado a vacunar a ancianos a pesar de su oposición y la de sus familiares o tutores. Pero el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo es que mientras no exista obligación legal de vacunarse, la decisión de hacerlo corresponde a la persona afectada . Los fiscales llaman la atención sobre el hecho de que se pueda estar discriminando, «por el mero hecho de superar una determinada edad y vivir en una residencia para mayores».
Este es uno de los argumentos más interesantes, opina Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. «No podemos partir de estereotipos ; el vivir en una residencia no significa que no se tenga capacidad de tomar una decisión».